En esta noticia
Sumar volvió a poner sobre la mesa una de sus banderas en materia de vivienda y lo hizo con un movimiento político inesperado. El espacio liderado por Yolanda Díaz apeló al PP y a Vox para aprobar una ley que prohíba a empresas y fondos comprar viviendas.
Una iniciativa que retoma el debate parlamentario luego del respaldo explícito de Donald Trump a una medida similar en Estados Unidos.
La propuesta reaviva una discusión sensible en el Congreso, atravesada por la crisis habitacional, la escalada de precios y el rol de los grandes inversores.
Con el antecedente del rechazo sufrido en noviembre, Sumar apuesta a un cambio de escenario político y a un realineamiento de votos.
En una entrevista con la agencia EFE, el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, confirmó que volvió a registrar el proyecto que había sido bloqueado por el PP, Vox y Junts.
Según explicó, la decisión responde a la convicción de que el contexto internacional y el posicionamiento reciente de la derecha española abren una nueva oportunidad para su aprobación.
Ibáñez sostuvo que el anuncio de Trump, celebrado públicamente por Vox y observado con interés por el PP, obliga a ambos partidos a revisar su postura.
En ese marco, el dirigente confió en que la iniciativa pueda prosperar y envió también un mensaje al PSOE, al que pidió abandonar la abstención y respaldar una ley que, según afirmó, apunta a un cambio estructural en el modelo de acceso a la vivienda.
¿Por qué Sumar cree que PP y Vox pueden cambiar su voto?
El principal argumento de Sumar se apoya en la "coherencia política". Ibáñez recordó que Vox elogió la propuesta de Trump de prohibir a los grandes inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares en Estados Unidos, al considerarla una medida “valiente” frente al encarecimiento del mercado inmobiliario.
Desde Sumar interpretan que ese respaldo público deja sin margen a Vox para mantener un rechazo en España. En la misma línea, apuntan al PP, al que acusan de seguir una agenda política alineada con referentes internacionales de la derecha. Bajo esa lectura, votar en contra de una iniciativa similar en el Congreso español resultaría contradictorio.
El dirigente también subrayó que la ley busca enviar un mensaje político claro. Para Sumar, limitar la compra de viviendas a personas físicas implica reafirmar que la vivienda no debe funcionar como un activo financiero, sino como un derecho social, en un contexto marcado por la especulación y la concentración de propiedades en manos de fondos.
¿Qué propone la ley y qué impacto tendría en la crisis habitacional?
La iniciativa plantea una reforma de la ley de vivienda aprobada en 2023. El eje central consiste en restringir el derecho de adquisición de viviendas a personas físicas, con excepciones puntuales para entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sociales, religiosas y ONG dedicadas al desarrollo.
Según Ibáñez, la medida apunta a frenar prácticas que se repiten en numerosos barrios, donde empresas compran edificios completos y presionan a los inquilinos para forzar su salida.
El dirigente denunció situaciones de acoso inmobiliario y remarcó que este tipo de operaciones profundiza la expulsión de residentes y la suba de alquileres.
Sumar considera que la ley tendría un doble efecto. Por un lado, limitaría la especulación y la acumulación de viviendas en manos de grandes actores económicos.
Por otro, contribuiría a un cambio de paradigma en la política habitacional, al reforzar la idea de que el acceso a un hogar no puede quedar librado exclusivamente a las reglas del mercado.