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El Ejecutivo ha dado luz verde a la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de la sanidad pública, pese a la previsible oposición del PP.
La medida busca reforzar la cobertura y equidad en todo el territorio nacional, frente a las diferencias actuales entre comunidades autónomas.
La reforma fue aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros después de recibir un dictamen favorable del Consejo de Estado, que avaló la constitucionalidad del proyecto.
El nuevo artículo establece que “los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias”.
Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta modificación protege la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, actualmente limitada a un 20 % de los casos en hospitales públicos.
¿Por qué se considera urgente blindar el aborto en la Constitución?
La iniciativa responde a la preocupación del Gobierno por la desigualdad en el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
Mientras en comunidades como Cantabria o Galicia el 60% de los abortos se realizan en hospitales públicos, en Madrid y Andalucía apenas alcanza el 1%. Redondo advirtió que esta disparidad genera “mujeres de primera y mujeres de segunda” en función de su lugar de residencia.
La reforma también pretende prevenir retrocesos en los derechos reproductivos. La portavoz gubernamental, Elma Saiz, destacó que se busca “proteger a las mujeres frente a dinámicas regresivas” y reforzar su autodeterminación.
La ministra subrayó que cerca del 80% de la población española respalda el derecho al aborto y recordó que Francia y Luxemburgo han incluido este derecho en sus constituciones recientemente, con amplio consenso parlamentario.
¿Qué obstáculos enfrenta la tramitación parlamentaria?
Para aprobarse, la reforma requiere mayorías de tres quintos en Congreso y Senado, un escenario complejo ante la oposición del PP, que ostenta mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Redondo señaló que, de no alcanzarse el quórum necesario, podría formarse una comisión paritaria que elabore un nuevo texto, a ser votado con mayoría de dos tercios en el Congreso y absoluta en el Senado.
La ministra hizo un llamado a la responsabilidad de todos los partidos y enfatizó que incluso en el seno del PP hay mujeres que han recurrido a la interrupción voluntaria del embarazo.