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El Tribunal Supremo ha encendido las alarmas dentro del Partido Socialista Obrero Español. El juez Leopoldo Puente, a cargo del caso por presunto cobro de mordidas del exministro José Luis Ábalos, remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que solicita investigar el flujo de efectivo gestionado por el PSOE en los últimos años.
El magistrado sospecha que parte de esas comisiones ilegales habrían terminado en las arcas del partido, a través de un sistema opaco de pagos y reembolsos justificados con facturas sin contrastar.
Según el auto judicial, el PSOE manejó durante años más de un millón de euros en efectivo sin control riguroso, parte del cual se entregó a cargos y colaboradores vinculados a Ábalos.
La falta de comprobantes válidos, la participación de personas ajenas a la estructura financiera del partido y la existencia de abonos sin justificación generan indicios de una posible red de financiación paralela.
Estas revelaciones ponen en entredicho la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su reciente comparecencia en el Senado aseguró que las cuentas de su formación son "absolutamente limpias, legales y regulares".
¿Qué revelan los indicios que el juez detectó dentro del PSOE?
El magistrado Puente sostiene que los fondos del partido no solo provenían de sus cuentas oficiales, sino que existía la posibilidad de ingresos con orígenes ajenos a la contabilidad declarada.
Entre los elementos más comprometedores figura la declaración del empresario Víctor de Aldama, quien aseguró que buena parte del dinero que entregaba en metálico tenía como destino final al PSOE.
Además, la empresaria Carmen Pano declaró bajo juramento que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista en octubre de 2020.
El juez también subraya que Koldo García, mano derecha de Ábalos, reconoció haber recibido pagos del partido por sumas mayores a las registradas oficialmente.
En conjunto, estos testimonios configuran un entramado que, según el auto, habría permitido la circulación de dinero no declarado y el pago de gastos ficticios con tickets presuntamente recogidos o falsificados.
El objetivo, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría sido blanquear comisiones ilegales derivadas de contratos públicos durante la pandemia y otros negocios irregulares.
¿Qué consecuencias políticas y judiciales podría enfrentar el PSOE?
La decisión del Supremo deja al partido en una situación crítica. Si la Audiencia Nacional abre un procedimiento, el PSOE podría quedar imputado como persona jurídica por presunta financiación irregular y blanqueo de capitales.
Esta condición lo situaría en el centro de una causa penal inédita para una fuerza política que gobierna España.
El artículo 304 bis del Código Penal castiga la financiación ilegal con multas que van del triple al quíntuplo del dinero recibido y, en casos graves, con penas de prisión de hasta cuatro años. Si se confirma que los fondos superan los 500.000 euros o provienen de fuentes prohibidas, el escenario judicial sería severo.
Mientras tanto, Pedro Sánchez deberá sostener su defensa política en un contexto donde el relato de transparencia que defiende en el Senado se enfrenta al peso de los indicios judiciales. El juez Puente, en su escrito, ha dejado claro que no solo se trata de la conducta de Ábalos, sino de un posible esquema interno que compromete la financiación misma del partido.