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La tensión política vuelve al Congreso. El Partido Popular (PP) ha pedido la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que dé explicaciones sobre los presuntos pagos en metálico detectados dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El origen del conflicto está en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala movimientos en efectivo por parte del exministro socialista José Luis Ábalos, algunos sin "respaldo documental". Mientras el PP exige aclaraciones inmediatas, el Gobierno ha respondido con dureza y niega cualquier irregularidad.
El PP exige explicaciones y una investigación de Hacienda
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la encargada de anunciar la solicitud formal de comparecencia. Según explicó, Montero "tiene que detallar por qué el PSOE puede saltarse las normas del ministerio que ella dirige y está exento de las provisiones de pago en metálico que tienen el resto de los ciudadanos".
El informe de la UCO, hecho público el pasado viernes, apunta a "desembolsos" de 95.437 euros procedentes de "ingresos no declarados" vinculados a Ábalos. Para Muñoz, el documento "certifica textualmente que el PSOE puede hacer pagos en efectivo sin que conste respaldo documental".
En su intervención, la portavoz popular insistió en que "en cualquier otra organización esto hubiera supuesto una investigación, probablemente de Hacienda", y reclamó a Montero que confirme si el ministerio abrirá una revisión interna sobre los hechos.
El PP pretende, además, determinar si "las normas de España aplican a todos los ciudadanos o si a los allegados de Pedro Sánchez y su partido les son indiferentes".
Muñoz también reprochó la actitud del resto de partidos del Ejecutivo, denunciando que "los socios del Gobierno están callados" y recordando que, pese a las quince preguntas de control registradas en el Congreso, "ninguna ha sido sobre corrupción".
"Vamos a ver hasta qué punto de suciedad hay dentro del Partido Socialista y cómo de arraigado está en el Gobierno. Pero lo que demuestran todas estas informaciones es que limpios no están", afirmó Muñoz con contundencia.
La respuesta del Gobierno: "Pagar en efectivo no es ilegal"
El Gobierno no tardó en replicar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, comparó la actitud del PP con "un pirómano hablando de cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques".
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno subrayó que el informe de la UCO "deja claro y demostrado que en el PSOE no hay financiación irregular" y que todo el dinero del partido tiene "origen legal", además de estar fiscalizado por auditoras externas y por el Tribunal de Cuentas.
"Pagar en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal ni es irregular y no se hace solamente en los distintos partidos políticos", explicó Alegría. Como ejemplo, citó el funcionamiento del Senado, donde se abonan en metálico los desplazamientos de los senadores por viajes oficiales al extranjero, "lógicamente aportando factura o ticket".
La ministra insistió en que todos esos pagos "tienen registro contable" y provienen de cuentas auditadas. También defendió que esta forma de liquidar gastos es "habitual en instituciones y empresas", y reprochó al PP que hable de corrupción "cuando todavía arrastra su propio pasado con los sobres".
Cruce político con trasfondo judicial
El intercambio de acusaciones llega en un momento de alta tensión parlamentaria, con el caso Ábalos aún bajo investigación y con la oposición centrada en erosionar al Gobierno a pocos meses del debate presupuestario.
El PP busca convertir la comparecencia de Montero en un acto de fiscalización política, mientras el Ejecutivo insiste en que "no hay caso" y que el informe de la Guardia Civil no señala ninguna irregularidad penal.
Fuentes socialistas citadas por la agencia EFE afirman que el objetivo del PP es "crear un clima de sospecha sin pruebas", mientras que en el bloque popular sostienen que el Gobierno "intenta tapar un problema interno con ataques y descalificaciones".
Por el momento, la Mesa del Congreso deberá decidir si acepta o no la comparecencia de la ministra de Hacienda. Pero más allá del trámite parlamentario, el debate ya se ha instalado en la opinión pública.
El uso de dinero en efectivo por parte de los partidos, los límites de la transparencia y el eterno enfrentamiento entre PSOE y PP por el control de la narrativa anticorrupción no dejarán de ser parte de la agenda política en el corto plazo.