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El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno hacerse cargo de 1008menores solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en Canarias. Sin embargo, el Ejecutivo ha señalado que el proceso no puede realizarse de inmediato y que el auto judicial no especifica que estos menores deban ser trasladados fuera del archipiélago.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que la resolución del Supremo únicamente establece que los menores deben formar parte del sistema nacional de acogida. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido sobre la situación de hacinamiento en los centros de la comunidad y ha reiterado que la única solución viable es su traslado a otros recursos donde puedan recibir una mejor atención.
¿Cómo se distribuirán estos menores dentro del sistema nacional?
El Gobierno ha aclarado que la incorporación de estos menores al sistema nacional debe realizarse de manera progresiva y con un análisis individualizado de cada caso. No obstante, aún no se ha determinado si estos 1008 menores serán incluidos en el cupo de 4000 que serán repartidos en otras comunidades autónomas bajo el decreto ley de reforma de la ley de extranjería.
Torres ha destacado que, en versiones anteriores de la normativa, estos menores sí estaban contemplados en la distribución propuesta por Canarias. Sin embargo, en la reunión con Clavijo no se abordó este punto en profundidad. Tampoco se discutió la cuestión de la tutela de los menores, ya que el Ejecutivo central sostiene que sigue siendo competencia autonómica, mientras que Canarias mantiene la postura opuesta.
¿Qué obstáculos enfrenta la aplicación de esta medida?
Uno de los principales desafíos es la falta de información completa sobre los recursos de acogida en distintas comunidades autónomas. Según Clavijo, algunas regiones han remitido datos de manera parcial o han utilizado tácticas dilatorias, lo que implica prolongar la vulneración de los derechos de estos menores.
El ministro Torres ha advertido que aquellas comunidades que no han facilitado la información necesaria serán requeridas formalmente y que, de persistir el incumplimiento, el Gobierno tomará medidas administrativas y jurídicas para garantizar el cumplimiento del decreto ley. El objetivo final es evitar una crisis humanitaria y asegurar que todos los menores reciban la protección adecuada dentro del sistema nacional.