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El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad mantener vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont, en una decisión que refuerza la posición del Tribunal Supremo y frena cualquier intento inmediato del expresident catalán de regresar a España.
La resolución se adoptó mientras el alto tribunal analiza el recurso de amparo presentado contra la negativa a aplicarle la Ley de Amnistía.
La corte de garantías rechazó la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont, que pretendía suspender la orden de busca, detención e ingreso en prisión hasta que exista una sentencia firme.
El Constitucional coincidió con el criterio de la Fiscalía y consideró que levantar ahora esa medida supondría anticipar el sentido del fallo.
En la misma línea, el Pleno también desestimó las peticiones de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, quienes permanecen fuera del país y sobre los que pesan órdenes similares dictadas por la Justicia española.
¿Por qué el Tribunal Constitucional decidió no levantar la orden de detención?
Uno de los ejes centrales de la resolución pasa por no desautorizar la actuación del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del procés.
Según el razonamiento del Constitucional, intervenir en esta fase cautelar podría condicionar o adelantar una decisión de fondo que aún debe resolverse.
La ponencia, elaborada por la magistrada Laura Díez, sostiene que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica de forma automática el levantamiento de todas las medidas cautelares vigentes.
En ese sentido, el tribunal subraya que el análisis del amparo debe seguir su curso sin introducir cambios que alteren el equilibrio procesal.
Además, el Pleno considera que suspender la orden de detención podría generar un efecto irreversible si posteriormente el recurso fuera rechazado, lo que justifica mantener la situación actual hasta contar con una sentencia definitiva.
¿Qué argumentos presentó Puigdemont y por qué no prosperaron?
La defensa del expresident había solicitado en noviembre la suspensión inmediata de las órdenes judiciales, apoyándose en las conclusiones del abogado general europeo, que avalan la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión.
A su juicio, una norma declarada constitucional no puede quedar vaciada de efectos prácticos por la persistencia de medidas restrictivas.
El escrito argumentaba que mantener la orden de detención suponía un sacrificio desproporcionado e innecesario, contrario a los principios de proporcionalidad y mínima injerencia propios de la fase cautelar.
También advertía que no debía reabrirse, de forma indirecta, un debate constitucional que el propio tribunal ya había cerrado.
Sin embargo, el Constitucional rechazó este planteo y dejó claro que la vigencia de la amnistía no obliga a levantar cautelares de manera automática.
Así, la orden de detención nacional continúa en vigor y mantiene bloqueado el regreso de Puigdemont a España, al menos hasta que el tribunal se pronuncie de forma definitiva sobre su recurso de amparo.