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La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de la provincia.
La resolución judicial también afecta al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a otros nueve investigados. El tribunal considera que existen indicios suficientes para mantener la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Según el auto recogido por la agencia EFE, esta decisión deja al hermano del presidente del Gobierno a un paso del juicio, lo cual enciende todas las alarmas del Ejecutivo.
Qué dice el auto de la Audiencia Provincial
El auto detalla que existen "indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas". Respaldó así la instrucción de la jueza Beatriz Biedma y rechazó el recurso de la defensa de Sánchez, que había alegado "inexistencia de indicios" y pidió el archivo de la causa.
Los magistrados ordenaron proseguir el procedimiento en tres bloques fácticos. En primer lugar, analizaron la creación de la plaza de coordinador de actividades entre conservatorios, adjudicada a David Sánchez.
Según el auto, no estaba justificada su creación ni el rango directivo del puesto. Además, sus informes se remitieron en papel y fuera de plazo, y su puesto fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" del propio Sánchez.
También, se revisó el cambio de denominación de ese puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que para la jueza supuso "disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto". Los magistrados señalaron como indicio de irregularidad la eliminación de incompatibilidades laborales en beneficio de Sánchez.
Por último, se estudió la creación de una sección de coordinación de programas transfronterizos que recayó en Luis Carrero, exasesor del Ministerio de la Presidencia y amigo cercano de David Sánchez. El auto recoge incluso correos en los que se referían mutuamente como "hermanito".
La respuesta del Gobierno tras la decisión judicial
El Ejecutivo reaccionó con cautela. La ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno mantiene su "máximo respeto" a las resoluciones judiciales. Añadió que el Ejecutivo tiene "toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio".
Alegría subrayó que la decisión de la Audiencia no altera la confianza en el sistema judicial y recordó que la causa debe resolverse en los tribunales. Desde Moncloa insisten en que no se ha quebrantado la presunción de inocencia y que el procedimiento seguirá los cauces previstos en la ley.
Críticas de la oposición y escalada política
La oposición no tardó en elevar la tensión. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que es "incomprensible que no caiga el Gobierno después de que la Audiencia de Badajoz haya rechazado el recurso de David Sánchez".
Muñoz calificó la situación de "inaudita en la democracia española" y afirmó que, en cualquier otro país europeo, un caso así supondría la dimisión inmediata del Ejecutivo. A su juicio, ya no cabe hablar de una investigación prospectiva ni de "lawfare": "Ahora es un tribunal el que acredita que hay que abrir juicio oral".
Otros dirigentes populares se sumaron a las críticas. Miguel Tellado, secretario general del PP, calificó la causa de "escándalo sin precedentes" y sostuvo que lo único que Pedro Sánchez puede ofrecer a los españoles "es corrupción". En un mensaje en la red social X, ironizó sobre "el ejército de guionistas de Moncloa" y acusó al Gobierno de buscar excusas para distraer la atención.