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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el marco del conocido como Caso Koldo. La petición refleja la gravedad de los delitos que se investigan y la preocupación por un posible riesgo de fuga.
La decisión ha generado una tensión política considerable. Partidos de la oposición y grupos que apoyan al Gobierno han exigido responsabilidades y lamentan el desgaste institucional. El debate ya no es solo judicial, sino también político, con implicaciones inmediatas para la estabilidad parlamentaria.
El Supremo ordena prisión preventiva: qué implica para Ábalos y Koldo
El juez del Supremo decidió el 27 de noviembre enviar a prisión preventiva al exministro y al exasesor, tras admitir la solicitud de la Fiscalía y las acusaciones populares. La medida responde, según el auto, al riesgo real de fuga ante la proximidad del juicio.
Ambos están acusados de delitos graves: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, vinculados a contratos de mascarillas durante la pandemia.
La cárcel preventiva refleja la gravedad de las acusaciones y altera su situación jurídica: hasta ahora afrontaban medidas cautelares más leves como retirada del pasaporte, comparecencias periódicas y prohibición de salida del país.
El PSOE marca distancia y llama a respetar los tiempos judiciales
La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, defendió la actuación del partido frente al escándalo: “Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas, actuamos con contundencia, y ya le corresponde a los tribunales. Hay que esperar a los tribunales”.
Montero recordó que el PSOE ya apartó a Ábalos de sus filas políticas activas tras las primeras revelaciones del caso, y reiteró que ahora toca “esperar a que los tribunales decidan” sobre su futuro procesal. La estrategia del Ejecutivo es clara: evitar interferencias y dejar el desenlace en manos de la Justicia.
Por su parte, desde la formación Sumar, el ministro de Cultura y portavoz, Ernest Urtasun, señaló que el Gobierno no se tambalea si Ábalos es encarcelado: “Un diputado no es determinante en las mayorías; lo que es determinante en las mayorías son el conjunto de grupos que votaron a favor de la investidura (de Pedro Sánchez)”.
ERC, Compromís y Podemos exigen consecuencias más contundentes
Los socios parlamentarios del Gobierno también se pronunciaron. Desde ERC, el portavoz Gabriel Rufián fue tajante al valorar la posibilidad de que Ábalos entre en prisión: “Es bastante incompatible seguir representando a gente desde la cárcel”. Añadió que, en su opinión, todo apunta a que el exministro “acabará en prisión preventiva” tras la petición de la Fiscalía.
Rufián recordó que este no sería un hecho aislado en la política española: “En Soto del Real han entrado 88 políticos, 87 eran del PP y uno del PSOE”. Para él, mantener el acta de diputado en este contexto no es aceptable, una postura compartida por Compromís. Su diputado Alberto Ibáñez advirtió que Ábalos debería renunciar “para garantizar la mayoría parlamentaria que votaron los españoles”.
En la misma línea, su compañera de bancada, Àgueda Micó, fue clara: “Después de la investigación de la UCO no tiene ningún tipo de justificación que Ábalos mantenga su acta de diputado”.
La presión crece sobre el PSOE y Pedro Sánchez
La líder de Podemos, Ione Belarra, fue más allá al cuestionar la responsabilidad directa del presidente del Gobierno en este escándalo. “Lo mínimo sería que el presidente del Gobierno se comprometiera a devolver hasta el último euro público que hayan robado sus corruptos, porque él los eligió”, declaró con dureza.
Belarra también criticó que algunos partidos minimicen el caso por tratarse del PSOE. “Hay grupos parlamentarios que le quitan importancia a la corrupción cuando la hace el PSOE”, lanzó en clara alusión a Sumar.
Aunque la decisión judicial aún no se ha anunciado, la presión mediática y política crece. La actuación del Tribunal Supremo podría marcar un precedente y afectar el delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso. Mientras tanto, el futuro de Ábalos, y las consecuencias para el Ejecutivo, siguen en el aire.