En esta noticia
Desde el 3 de abril, los propietarios en España ya no pueden transformar sus pisos en viviendas turísticas sin el consentimiento de la comunidad de vecinos. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana bajo la dirección de Isabel Rodríguez.
Esta modificación forma parte del paquete legislativo que afecta directamente a la Ley de Alquileres y busca frenar el avance descontrolado del turismo vacacional en bloques residenciales. Aprobada en las Cortes Generales con el apoyo de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Cambios para propietarios: qué cambios da la Ley de Alquileres
La principal novedad introducida por esta reforma es que, desde este mes de abril, ningún propietario podrá iniciar una actividad de alquiler turístico sin el respaldo explícito de su comunidad de vecinos.
El texto legislativo establece que será necesario el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios y de sus respectivas cuotas de participación, lo que da a los vecinos una capacidad real de decisión sobre este tipo de uso.
Impulsada por el Gobierno central y aplicada de forma coordinada con las comunidades autónomas, esta medida busca preservar la función residencial de los inmuebles y responder a las constantes quejas por ruido, inseguridad y deterioro de espacios comunes.
Hasta ahora, bastaba con cumplir algunos requisitosadministrativos para alquilar una vivienda a turistas, sin necesidad de consultar al resto de propietarios.
Nuevas exigencias que complican aún más la actividad para los propietarios
La reforma de la Ley de Alquileres no se limita a otorgar más poder a las comunidades de vecinos. También introduce una serie de exigencias adicionales que impactan directamente sobre los propietarios que deseen seguir alquilando sus viviendas de forma turística.
A partir de enero de 2025, será obligatorio registrar cada inmueble destinado al alquiler en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma impulsada por el Gobierno para controlar de forma más estricta esta actividad y evitar fraudes o irregularidades.
Este sistema, aprobado por Real Decreto en 2024, exige que cualquier propietario cuente con un número oficial de registro antes de anunciar su propiedad en plataformas digitales.
A esto se suma la posibilidad, también regulada por la nueva norma, de que las comunidades de vecinos impongan un recargo económico a quienes alquilen de manera turística, como forma de compensar el mayor desgaste de zonas comunes y molestias generales.