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En un contexto de creciente tensión en el mercado inmobiliario español, el Gobierno ha implementado una reforma significativa en la Ley de Propiedad Horizontal. A partir del 3 de abril de 2025, cualquier propietario que desee destinar su vivienda al alquiler turístico deberá obtener la aprobación expresa del 60% de los vecinos de su comunidad.
Esta medida busca frenar la proliferación de pisos turísticos y mitigar su impacto en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda. La modificación legislativa responde a las demandas de diversas asociaciones vecinales y pretende equilibrar los intereses de los propietarios con el bienestar de las comunidades.
Hasta ahora, la apertura de pisos turísticos solo podía ser limitada si se recogía en los estatutos de la comunidad, un proceso complejo y costoso. Con la nueva normativa, basta con una votación en junta para autorizar o prohibir esta actividad.
Un cambio legislativo que empodera a los vecinos
La reforma introduce el artículo 17.12 en la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo que la instalación de viviendas de uso turístico requerirá el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, que representen a su vez las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Este cambio otorga a las comunidades de vecinos un papel decisivo en la regulación de los pisos turísticos en sus edificios. Además, la normativa permite a las comunidades imponer cuotas adicionales de hasta un 20% en los gastos comunes a los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler turístico.
El objetivo de esta medida busca compensar el mayor uso de las zonas comunes y los posibles inconvenientes derivados de la actividad turística.
Impacto en las ciudades y medidas complementarias
La proliferación de pisos turísticos ilegales ha sido especialmente problemática en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se han detectado miles de viviendas fuera de regulación. El Ministerio de Consumo ha instado a los ayuntamientos a tomar medidas urgentes para controlar esta situación, incluyendo la retirada de anuncios de alquiler ilegal y la imposición de sanciones a los propietarios infractores.
En paralelo, el Gobierno ha aprobado la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma que obligará a los arrendadores de alquileres de corta duración a registrarse oficialmente. Esta medida, que entrará en vigor en julio de 2025, busca acabar con el fraude en los alquileres turísticos y garantizar que todos los anuncios en plataformas online cumplan con la legalidad vigente.
Un paso hacia la recuperación del uso residencial
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal marca un hito en la regulación del mercado de alquiler en España. Al otorgar a las comunidades de vecinos la capacidad de decidir sobre la presencia de pisos turísticos en sus edificios, se busca recuperar el uso residencial de las viviendas y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Aunque la medida no tiene carácter retroactivo y no afecta a los pisos turísticos ya autorizados, se espera que contribuya a frenar la expansión descontrolada de esta actividad y a mejorar la convivencia en las comunidades de propietarios.
La implementación efectiva de esta normativa dependerá de la colaboración entre los vecinos, las administraciones locales y las plataformas de alquiler, en un esfuerzo conjunto por equilibrar los intereses turísticos con las necesidades residenciales.