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La edad efectiva de jubilación para los españoles ha aumentado 1,1 años en la última década, alcanzando los 65,2 años en 2024. Este incremento se debe al aumento de trabajadores que optan por retirarse a la edad ordinaria, tras la disminución de las jubilaciones anticipadas involuntarias, que se dispararon durante los años de la crisis financiera debido a despidos masivos.
La edad ordinaria o legal de jubilación está establecida para 2024 en 66 años y 6 meses para quienes tengan menos de 38 años cotizados y en 65 años para aquellos que cumplan con dicho periodo de cotización.
Desde 2013, la edad ordinaria de jubilación ha ido aumentando progresivamente, alcanzando los 67 años en 2027 para quienes no cuenten con 38 años y medio de cotización. Aquellos que logren acumular este tiempo podrán retirarse con el cien por cien de la pensión a los 65 años.
Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, hasta mayo de este año se habían jubilado 138.139 personas, de las cuales el 70% (96.761 personas) lo hizo a la edad ordinaria o superior, con una media de 66 años, mientras que el 30% (41.398 personas) se retiró de forma anticipada, con una media de 63,2 años.
En 2015, un 19,2% de las altas iniciales de jubilación correspondían a anticipadas involuntarias, cifra que se redujo al 4,4% en 2023.
La edad a la que se permite la jubilación anticipada es siempre dos años menos que la edad legal vigente para la jubilación voluntaria (64 años y 6 meses en 2024, que se convertirá en 65 años en 2027) y cuatro años menos para la jubilación forzosa.
Meta: alcanzar una edad efectiva de 66,5 años para 2050
La reforma de pensiones de 2021, que se culminó dos años después, tiene como uno de sus objetivos elevar la edad media efectiva de salida del mercado laboral a 66 años y medio para el año 2050.
Para alcanzar este objetivo de alineación entre la edad real y la edad legal, la reforma desincentivó la jubilación anticipada voluntaria, con el fin de evitar que los trabajadores opten por esta modalidad inmediatamente al cumplir la edad permitida, incrementando la penalización (coeficiente reductor) durante los dos primeros meses y reduciéndola a partir del tercer mes.
Asimismo, se incrementó la pensión para los tres meses previos a alcanzar la edad legal de jubilación, de modo que resulte atractivo permanecer en el mercado laboral y poder cobrar el cien por cien de la pensión.
Adicionalmente, se incentivó la jubilación demorada, otorgando un incremento del 4% sobre la pensión por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria, o una cantidad fija por año cotizado que se percibirá en un único pago al momento de acceder a la jubilación.
Esta modalidad representaba hasta 2021 menos del 5% del total de nuevas altas anuales, mientras que aumentó al 5,4% en 2022, al 8,1% en 2023 y al 10,2% con datos hasta mayo de 2024 (14.088 altas iniciales).
La jubilación anticipada voluntaria superó en peso a la forzosa en 2019, alcanzando el 15,7% de las nuevas altas en el sistema, una tasa que se elevó al 19,2% durante el año de la pandemia, al 19,9% en 2021 y al 20,5% en 2022.
En 2023, esta cifra descendió al 19% y, a mayo de 2024, representa el 16,6%, con 22.949 altas iniciales.
Fuente: EFE