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En el año 2019, Joaquim Álvarezdecidió poner en alquiler su vivienda para poder hacer frente a las cuotas hipotecarias de su primera vivienda. Alquiló su propiedad en el Gaudí Reus Golf Club, un residencial conocido por su tranquilidad y entorno. Su intención era que el alquiler ayudara a pagar la hipoteca, mientras él y su familia se mudaban a una masía en el campo.
Sin embargo, lo que parecía una solución temporal se transformó en una pesadilla cuando, en lugar de recibir el pago de la renta, Joaquim se enfrentó a okupas en su propiedad y la conversión de la misma en un piso turístico no autorizado. Esta situación lo llevó a recibir una multa de 5000 euros por parte de Hacienda, una sanción que recayó sobre él, a pesar de que los responsables del alquiler turístico ilegal eran los inquilinos.
El conflicto con los inquilinos okupas y la transformación ilegal
Joaquim firmó un contrato de arrendamiento en julio de 2019 con una pareja y sus tres hijos, que, en principio, cumplieron con sus obligaciones. Sin embargo, los pagos comenzaron a retrasarse en 2021 y, al llegar el momento de renovar el contrato en 2022, los inquilinos se negaron a abandonar la vivienda.
A pesar de que Joaquim intentó apelar a la situación de vulnerabilidad que los inquilinos declararon, el Ayuntamiento de Reus no accedió a sus peticiones. Según Joaquim, los inquilinos demostraron tener recursos suficientes, como ropa cara o una suscripción al campo de golf, lo que evidenciaba que no se encontraban en una situación económica crítica.
Lo que es peor, los inquilinos convirtieron la vivienda en un alquiler turístico sin contar con la licencia necesaria. Anunciaron la propiedad como una "suite privada en Reus" a un precio de 56 euros por noche en plataformas de alquiler vacacional. Este acto fue detectado por la Agencia Tributaria, lo que llevó a la imposición de una multa al propietario.
Las consecuencias de la multa de Hacienda
Multa de 5000 euros por operar un alquiler turístico ilegal.
Embargo de 500 euros de la nómina mensual de Joaquim.
Pérdida de aproximadamente 30.000 euros en alquileres impagos.
Aumento de la hipoteca a 1260 euros mensuales, más otros gastos adicionales.
A pesar de que los inquilinos eran los que se beneficiaban económicamente del alquiler turístico, la multa de Hacienda fue dirigida hacia Joaquim, quien se vio obligado a enfrentar las consecuencias de una infracción que no cometió.
La decisión final de Hacienda sobre este alquiler
Afortunadamente, tras la denuncia pública y un recurso legal interpuesto, Hacienda ha decidido revisar la sanción impuesta a Joaquim. El propietario espera que este mes sea el último en el que le embarguen una parte de su salario, lo que representa una ligera esperanza tras años de dificultades económicas.
Joaquim ha alertado sobre lo difícil que es para los propietarios enfrentarse a la ocupación ilegal de sus viviendas y ha hecho un llamado a que se tomen medidas más estrictas para evitar este tipo de abusos.
