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El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a enviar al Congreso la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2026-2028, idéntica a la que los diputados rechazaron la semana pasada.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca cumplir los trámites previos a los Presupuestos de 2026, aunque admite que todavía no reúne los votos necesarios para lograr la aprobación parlamentaria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría confirmó que el texto se remitirá de inmediato a las Cortes. Señaló que, si la Cámara baja rechaza nuevamente los objetivos, se activará automáticamente el plan fiscal estructural.
Ese escenario dejaría a las comunidades autónomas sin la décima de déficit prevista inicialmente, lo que recortaría su margen de gasto en 5485 millones de euros entre 2026 y 2028.
El Ejecutivo sostiene que, superado este trámite —con voto afirmativo o no—, quedará habilitado para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026. En paralelo, defiende que la senda propuesta mantiene una reducción progresiva del déficit público, alineada con las reglas fiscales europeas.
¿Qué marca la nueva senda de déficit aprobada por el Gobierno?
La senda de estabilidad establece que el déficit público bajará al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Aunque fue rechazada en el Congreso, el Ejecutivo la volvió a presentar sin modificaciones por considerarla compatible con el cumplimiento de las exigencias fiscales y con la senda de consolidación pactada en Bruselas.
Fuente: EFE
Los objetivos para el Estado apuntan a un déficit del 1,8% del PIB en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. La Seguridad Social queda con un 0,2% del PIB en 2026 y 2027, mientras que en 2028 se reduce al 0,1%.
Las comunidades autónomas mantienen la posibilidad de registrar un 0,1 % de déficit cada año, en tanto que las corporaciones locales deberán terminar sus cuentas en equilibrio.
El Gobierno también proyecta una reducción paulatina de la deuda pública. Plantea que pase al 100,9% del PIB en 2026, al 100% en 2027 y al 99,1 % en 2028. Para lograrlo, la regla de gasto fija límites de crecimiento del desembolso computable: 3,5% en 2026, 3,4% en 2027 y 3,2% en 2028.
¿Qué ocurrirá si el Congreso vuelve a rechazar la senda?
Si el Congreso repite el rechazo, se aplicarán de manera automática los objetivos de déficit del plan fiscal estructural. Aunque coinciden con la senda global en términos de metas agregadas, imponen una exigencia mayor a nivel territorial.
En vez de permitir una décima de déficit, obligarán a las comunidades autónomas a cerrar en equilibrio, lo que, según las proyecciones oficiales, recortaría su margen de maniobra financiera en miles de millones.
Este escenario generaría tensión en los gobiernos regionales, que anticipan dificultades para afrontar servicios esenciales sin ese margen adicional. Además, podría impactar en la negociación de los futuros Presupuestos, ya que las autonomías suelen requerir un espacio fiscal mayor para sostener políticas sociales e inversiones estratégicas.
Aun así, el Ejecutivo insiste en que el envío de la senda —sea aprobada o rechazada— cumple con el procedimiento necesario para presentar sus cuentas. Sostiene que la alternativa automática ya está prevista por ley y que el plan no se verá detenido por las resistencias parlamentarias actuales.