En esta noticia
En España, la Ley de Vivienda aprobada en 2023 prohíbe que las inmobiliariascobren al inquilino gastos de gestión o gastos de formalización del contrato en los alquileres de vivienda habitual. Sin embargo, según alerta el abogado inmobiliario Alberto Sánchez, esta práctica continúa siendo habitual.
Cobrar estos ítems puede acarrear multas de hasta 100.000 euros, impuestas por la administración autonómica. Sánchez insiste en que los ciudadanos deben conocer sus derechos y actuar si detectan cobros indebidos por parte de las agencias.
Alquileres: qué gastos son ilegales según un abogado inmobiliario
El letrado Alberto Sánchez, especializado en derecho inmobiliario, ha sido categórico, los gastos de gestión y de formalización del contrato deben correr por cuenta del arrendador, nunca del inquilino, siempre que se trate de un alquiler de vivienda común.
Esta obligación está contemplada en la Ley de Vivienda de 2023, aprobada por el Gobierno de España. En caso de que una inmobiliaria exija esos pagos, el arrendatario debe conservar toda la documentación y reclamarlos una vez firmado el contrato. "Hay que pagarlos, firmar y luego exigir su devolución", afirma.
Además, aclara que esta protección no se aplica a alquileres de temporada ni a habitaciones, por lo que conviene revisar detenidamente el tipo de contrato antes de firmar.
Las multas por incumplir esta norma pueden alcanzar los 100.000 euros. Estas sanciones son impuestas por las comunidades autónomas a las inmobiliarias que cobren indebidamente, y pueden ser denunciadas a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o la Dirección General de Vivienda correspondiente.
Alquileres en España: crecimiento, regulación y derechos del inquilino
En 2024, más del 20,4% de los hogares en España vivían en régimen de alquiler, según datos del INE. El crecimiento sostenido de este modelo habitacional ha provocado un endurecimiento del marco legal para proteger a los arrendatarios frente a abusos.
El abogado inmobiliario Alberto Sánchez recuerda que el desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos permite que muchas agencias sigan incurriendo en estas prácticas.