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España está a punto de dar un golpe histórico en la batalla por recuperar la vivienda para sus ciudadanos. El Gobierno propone imponer un IVA del 21% a los alquileres turísticos de corta estancia, una medida que la alinea con países como Francia, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos.
Con esta decisión, busca contener la avalancha de turistas que, según estimaciones, ocupan casi la mitad de las viviendas en lugares como las Islas Baleares y Canarias, dejando a los residentes sin opciones de alquiler asequibles.
"La vivienda no es un negocio, es un derecho", declaró un portavoz del Ministerio de Vivienda, dejando claro el tono de esta nueva cruzada. El Gobierno socialista no solo apunta a los turistas, también propone un régimen sancionador para plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo, con multas de hasta 600.000 euros por publicar anuncios ilegales. ¿El mensaje? Las viviendas no son hoteles.
El debate está servido. Mientras los hoteleros celebran la medida como un paso hacia la igualdad de condiciones, los propietarios de alquileres turísticos advierten de un "desastre" para el sector. "El único objetivo es poner el turismo en manos de las grandes cadenas hoteleras", criticó Javier Peñate, asesor legal de propietarios en Canarias, quien advirtió que la nueva normativa podría "destruir" a los pequeños arrendadores.
IVA del 21%: España sigue el ejemplo de Canadá, Francia e Italia
La propuesta española no es un capricho aislado. El mundo entero está endureciendo sus leyes contra el alquiler turístico, con el argumento de que el turismo masivo está expulsando a los residentes de sus propias ciudades.
En París, por ejemplo, alquilar un piso por menos de 30 días ya implica pagar un IVA del 20%, y existe un límite máximo de 120 días al año para alquilar la residencia principal. En Berlín, los propietarios necesitan permisos especiales para arrendar por temporadas cortas y enfrentan multas de hasta 500.000 euros si no cumplen con las normas.
Mientras tanto, en Canadá, provincias como Columbia Británica aplican tasas combinadas que alcanzan el 18%, y ciudades como Toronto y Vancouver exigen licencias específicas para alquilar. En EE.UU., aunque no hay un IVA nacional, las ciudades están cerrando el cerco: Nueva York ha prohibido casi por completo los alojamientos tipo Airbnb sin licencia, y en lugares como San Francisco o Los Ángeles las restricciones son cada vez más duras.
Multas de hasta 600.000 euros para las plataformas que publiquen anuncios ilegales
Además del IVA, el gobierno español propone sanciones millonarias para quienes ignoren la nueva normativa. Según el texto de la enmienda del PSOE, las multas para las plataformas pueden llegar a 600.000 euros si publican anuncios ilegales o se niegan a corregir datos falsos.
Los arrendadores que alquilen sin registrarse también estarán en el punto de mira, con multas de hasta 30.000 euros por incumplimiento.
"La ley no es una amenaza, es una herramienta para proteger a quienes trabajan y viven en estas ciudades", señaló una fuente del Ministerio de Vivienda.
El objetivo: frenar la burbuja y recuperar la vivienda para los residentes
La medida llega en un momento crítico: España tiene un déficit de 450.000 viviendas, según el Banco de España, y la situación es insostenible en zonas como Barcelona, Madrid, las Islas Baleares y Canarias.
Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que prohibirá por completo los alquileres turísticos de corta duración a partir de 2028. Otras ciudades podrían seguir el mismo camino.
"Estamos ante un cambio de paradigma", explicó un portavoz del sector hotelero. "Por fin se empieza a entender que la vivienda es para vivir, no para especular".
El debate en el Parlamento será tenso, pero una cosa es segura: si la ley se aprueba, marcará un antes y un después en la forma en que España regula su mercado inmobiliario. Los turistas tendrán que asumir mayores costos, pero los residentes podrían, por fin, encontrar un respiro en el mercado del alquiler.