En esta noticia
El dinero en efectivo siempre ha sido el medio de pago más utilizado. Su accesibilidad y universalidad lo convierten en una opción para transacciones cotidianas. Sin embargo, su falta de trazabilidad ha llevado al Gobierno español a imponer límites para evitar el fraude fiscal.
Es por este motivo que el uso de billetes está cada vez más regulado. La Agencia Tributaria ha implementado restricciones progresivas para reducir las operaciones no declaradas y reforzar el control de los movimientos financieros.
Límites en los pagos en efectivo
El Real Decreto-ley 11/2021 establece que no se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 1000 euros cuando una de las partes actúe como empresario o profesional.
Para los particulares no residentes en España, el límite asciende a 10.000 euros. Esta regulación, vigente desde hace años, busca reducir la economía sumergida y garantizar una mayor transparencia en las operaciones comerciales.
Hacienda ha dejado claro que fraccionar pagos para evitar estos límites es ilegal. Es decir, si una transacción supera los 1000 euros, dividirla en varios pagos en efectivo no exime del cumplimiento de la normativa. Si la Agencia Tributaria detecta esta práctica, se considerará una infracción y aplicará las sanciones correspondientes.
Otras medidas para reforzar el control
A partir de este año, las entidades financieras estarán obligadas a recopilar y compartir con la Agencia Tributaria información detallada sobre los movimientos de sus clientes que superen los 25.000 euros por tarjeta anualmente. Esta información se presentará en una declaración anual a partir de 2026, referida a las operaciones realizadas en 2025.
En estos casos tampoco se permite dividir una operación en varios pagos en efectivo inferiores a 1000 euros con el objetivo de evitar la normativa. Hacienda considera el importe total de la operación, independientemente de cómo se realicen los pagos parciales.
Consecuencias de incumplir la normativa
El incumplimiento de estas restricciones se considera una infracción administrativa grave. Las personas que realicen pagos en efectivo por encima de los límites establecidos se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar el 25% del importe pagado en efectivo de manera irregular.
Tanto el pagador como el receptor del dinero son responsables solidarios, lo que significa que Hacienda puede dirigirse contra cualquiera de ellos para exigir el pago de la sanción.
Cualquier persona que tenga conocimiento de una operación que incumpla la normativa puede denunciarla ante la Agencia Tributaria en un plazo de tres meses. La primera persona en denunciar queda exonerada de responsabilidad, mientras que, si ambas partes denuncian simultáneamente, ninguna queda libre de sanciones.
Hacia una economía más transparente
Estas medidas buscan fomentar el uso de medios de pago electrónicos, que permiten un mayor seguimiento de las operaciones y contribuyen a reducir la economía sumergida.
Aunque el efectivo sigue siendo una opción legal, su uso está cada vez más restringido en determinadas circunstancias. La tendencia apunta hacia un futuro en el que las transacciones digitales sean la norma, mientras que los pagos en efectivo queden relegados a situaciones específicas y de menor cuantía.