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La reducción de la jornada laboral ha sido una de las reivindicaciones históricas del movimiento obrero español y, en la actualidad, se presenta como una herramienta para mejorar la conciliación entre la vida personal y profesional.
El pasado martes 6 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, el cual busca reducir la jornada semanal de 40 a 37,5 horas.
Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca adaptarse a las nuevas realidades laborales y sociales, promoviendo un equilibrio que beneficie tanto a empleados como a empleadores.
Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y empresarial, donde las opiniones están divididas respecto a su viabilidad y consecuencias económicas.
Impacto directo en los salarios
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que la reducción de la jornada laboral no implicará una disminución en los sueldos. Esto significa que los trabajadores seguirán percibiendo el mismo salario mensual, a pesar de trabajar 2,5 horas menos a la semana.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 está fijado en 16.576 euros anuales, lo que equivale a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Con la jornada actual de 40 horas semanales, el salario por hora es de aproximadamente 9,26 euros.
Sin embargo, al reducir la jornada a 37,5 horas, el salario por hora aumentará a 9,88 euros, manteniéndose el salario mensual sin cambios.
Reacciones del sector empresarial
A pesar de los beneficios aparentes para los trabajadores, la medida ha sido recibida con escepticismo por parte de la patronal y algunos partidos políticos.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su preocupación por el aumento de los costes laborales que supondría pagar el mismo salario por menos horas de trabajo.
Según estimaciones, la reducción de la jornada podría incrementar los costes laborales en torno a 24.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB.
Además, se argumenta que la medida podría tener un impacto negativo en la productividad y el crecimiento económico, especialmente en sectores donde la flexibilidad horaria es limitada.
Es por este motivo que, desde la CEOE se insta a que la propuesta sea objeto de un análisis más profundo y de un consenso amplio que incluya a todas las partes implicadas.
Perspectivas y próximos pasos
Si bien el Gobierno de coalición ha aprobado el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, aún debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
La ministra Yolanda Díaz ha manifestado su confianza en que la medida obtendrá el respaldo necesario, destacando que beneficiará a 12,5 millones de trabajadores en todo el país.
No obstante, partidos como Junts per Catalunya han presentado enmiendas a la totalidad, argumentando que la ley podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene su compromiso con la medida y ha señalado que se contemplan ayudas para facilitar la transición, especialmente para las empresas que aún operan con jornadas de 40 horas semanales.