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A partir de mañana, todos los ayuntamientos de España de más de 5000 habitantes tendrán que cobrar por vivienda una tasa de basuras que será obligatoria y que cada municipio aplicará de manera discrecional.
Se trata de una tasa polémica, con el objetivo de cumplir con los objetivos medioambientales de la UE sobre recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que está generando confrontación entre ayuntamientos y a nivel político. Estas son algunas de las claves del tributo.
¿Qué es la tasa de basura?
Se trata de un impuesto específico municipal para costear la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos, entre otros servicios, y que se inspira en el principio de que quien contamina paga.
Dicha tasa contemplada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular incorpora una directiva aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos europeos de gestión de residuos urbanos.
En materia de sostenibilidad la UE exige alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, que habrá de elevarse al 65% en 2035.
¿Cuándo entrará en vigor la tasa de basura?
Aunque muchos municipios cuentan ya con tasas de este tipo para la gestión de residuos, a partir del 10 de abril tras cumplirse tres años de la entrada en vigor de la ley, el tributo será obligatorio para todos los ayuntamientos de más de 5000 habitantes que lo aplicarán según criterios propios.
El ayuntamiento de Madrid por ejemplo ha comunicado que los primeros recibos se enviarán a los propietarios de viviendas a partir de julio de 2025.
Según la ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo de la tasa es quien resulta beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, es decir, el ocupante de la vivienda o local, por lo que en principio la pagaría el inquilino.
¿Cuánto costará la nueva tasa de basura?
Tasas para gestionar basuras son una realidad ya en muchos municipios que están confirmando grandes diferencias entre unos y otros en términos de cuantía.
Aunque no existen muchos datos al respecto, la media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está en torno a los 80 euros anuales, según expertos.
Mientras que en algunos municipios el importe de la tasa es fijo, en la mayoría es variable de acuerdo a una serie de criterios (valor catastral, calle, personas empadronadas, consumo de agua...), según la Organización de Consumidores (OCU).
También se contempla aplicar tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social; podrían tener en cuenta los ingresos, la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad...) o incluso la ubicación de la vivienda.
La OCU insta a que el modelo no solo sea efectivo en la reducción de residuos sino también cómodo para los usuarios, "que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos".
Con información de EFE
