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El acceso a la vivienda en España continúa siendo uno de los principales problemas económicos para miles de familias. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de inmuebles disponibles y las dificultades para comprar una casa han intensificado el debate sobre las medidas necesarias para afrontar la crisis inmobiliaria.

En este contexto, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, analizó la situación del mercado durante una intervención en el programa La Linterna, de COPE, presentado por Ángel Expósito.

El especialista defendió la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los arrendadores y sostuvo que la solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, agilizar la construcción y reforzar la protección social con fondos públicos.

¿Quiénes son los propietarios de las viviendas en alquiler en España?

Participantes en la acampada por la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria siguen el debate en el Congreso sobre los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno.
Participantes en la acampada por la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria siguen el debate en el Congreso sobre los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno.Fuente: EFEMaría Rodríguez

Uno de los principales argumentos de Pampillón gira en torno al peso de los pequeños propietarios en el mercado del alquiler español.

Según explicó durante la entrevista, “el 90% de las casas en alquiler, los propietarios tienen una o 2 casas”, mientras que atribuyó el 10% restante a quienes poseen más de dos viviendas arrendadas.

El economista sostuvo que muchos particulares recurren al alquiler de un segundo inmueble como una fuente de ingresos adicional, especialmente para complementar sus pensiones durante la jubilación.

¿Qué propone Rafael Pampillón para solucionar la crisis de vivienda?

El catedrático considera que uno de los principales obstáculos para mejorar el acceso a la vivienda es la insuficiencia de oferta residencial frente a una demanda elevada.

Durante su intervención, advirtió de que “construir hoy es carísimo”, debido al encarecimiento de los materiales de construcción, los costes laborales y las dificultades administrativas.

Para revertir esta situación, el especialista defendió varias medidas:

  • Agilizar la concesión de licencias urbanísticas para acelerar los proyectos residenciales.
  • Facilitar la disponibilidad de suelo edificable.
  • Impulsar la construcción de vivienda pública y social.
  • Reforzar la seguridad jurídica de los propietarios que ofrecen sus inmuebles en alquiler.
  • Financiar la protección de los inquilinos vulnerables mediante recursos públicos.

Pampillón también advirtió de que imponer excesivas dificultades a los arrendadores puede desincentivar la incorporación de viviendas al mercado, lo que agravaría los problemas de disponibilidad.

Seguridad jurídica y desahucios: la advertencia del economista

Las declaraciones del especialista se produjeron tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que residía desde hacía décadas en una vivienda del barrio madrileño de Retiro pero que falleció luego de que se le permitiera volver a su residencia. El caso reabrió el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de las personas vulnerables y las garantías legales de los propietarios.

El caso de Maricarmen Abascal, amenazada con ser desahuciada de su vivienda en Madrid, desencadenó una ola de protestas y movilizaciones por el derecho a la vivienda en distintos puntos de España.
El caso de Maricarmen Abascal, amenazada con ser desahuciada de su vivienda en Madrid, desencadenó una ola de protestas y movilizaciones por el derecho a la vivienda en distintos puntos de España.Fuente: EFESergio Pérez

Durante la entrevista, Pampillón afirmó que “la posibilidad del desahucio por impago es la condición mínima de cualquier ley de arrendamiento”, al defender la necesidad de que los contratos y las resoluciones judiciales puedan cumplirse.

También sostuvo que la respuesta a las situaciones de vulnerabilidad no debería recaer exclusivamente sobre los particulares. “Si la sociedad considera que Maricarmen necesita protección, pues debemos financiarle entre todos, mediante los presupuestos, una vivienda pública”, señaló.

De esta manera, el economista planteó una estrategia basada en tres pilares: más viviendas disponibles, seguridad jurídica para los arrendadores y una mayor intervención pública para proteger a quienes no pueden acceder al mercado residencial.