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El transporte interurbano de Alicante vuelve a estar en el centro del conflicto social. El Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana ha anunciado una serie de huelgas que comenzarán el 29 de mayo y se extenderán en el tiempo si no se ofrece una solución concreta.
Los paros coincidirán con el último jueves de cada mes -fecha en la que sesiona el Pleno del Ayuntamiento- y alcanzarán su punto más álgido con una huelga indefinida desde el 8 de septiembre.
El malestar de los conductores no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de quiebre. Denuncian que el sistema está colapsado, con una flota obsoleta, sin refuerzos de personal, y con infraestructuras en estado crítico.
Según los sindicatos, más del 70% de los vehículos superan los 12 años, las paradas carecen de accesibilidad y el número de pasajeros ha crecido muy por encima de lo previsto.
Frente a este panorama, la ausencia de respuestas institucionales ha detonado un plan de lucha que se intensificará durante las Hogueras de San Juan, fechas clave para la movilidad urbana.
¿Por qué se agravó el conflicto con el transporte interurbano de Alicante?
El problema de fondo tiene más de una década de arrastre. Desde 2014, el proceso de licitación del servicio ha sufrido múltiples prórrogas, lo que ha generado una estructura de transporte ineficiente e incapaz de absorber la demanda actual.
La entrada en vigor de un contrato de emergencia en 2024 no logró revertir la situación, ya que no contempló el aumento real de usuarios ni incluyó mejoras en la flota o en las condiciones laborales de los choferes.
El Comité de Empresa asegura que los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria y la inacción de la Conselleria de Transportes han deteriorado el servicio hasta niveles alarmantes.
Además, los trabajadores denuncian que no se ha modernizado la flota, ni se han abierto nuevas plazas laborales para atender el incremento de usuarios, lo que deriva en esperas interminables, vehículos saturados y riesgos crecientes para quienes usan a diario el transporte público.
¿Qué medidas exigen los trabajadores para frenar la huelga?
La principal demanda de los conductores es que se rescate la concesión y el transporte interurbano pase a estar bajo gestión directa del Estado. Proponen la creación de un Ente Metropolitano de Transporte con capacidad de planificación, financiación y control, que garantice un servicio digno y adaptado a las necesidades reales de la población.
Consideran que solo una administración pública con facultades plenas podrá revertir el deterioro actual y planificar a futuro un sistema eficiente.
Mientras tanto, las protestas no se detendrán. Habrá manifestaciones en la sede de la Conselleria y en la Oficina de Coordinación del Transporte Metropolitano, sumadas a acciones durante cada huelga mensual.
El Comité ya advirtió que, de no adoptarse medidas concretas, las movilizaciones se intensificarán a partir del 8 de septiembre con un paro por tiempo indefinido, afectando a miles de personas que dependen del transporte público para su vida diaria.
