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El próximo 29 de octubre, Maricarmen, una pensionista de 87 años de edad que vive en un piso en la zona de El Retiro de Madrid, será desahuciada debido a la acción de la empresa Urbagestión. Se trata de un fondo buitre que compró el edificio en el que vive desde que su padre firmó un contrato de arrendamiento en 1956.
Maricarmen heredó el contrato tras la muerte de sus padres y la de su madre en 2005. Desde entonces, ha vivido bajo las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año según el IPC, además de otros gastos como el IBI. "Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones... durante casi 20 años", detalló el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Madrid en un comunicado.
El contrato, firmado durante la dictadura franquista, refleja además las desigualdades de la época: "Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio", señalaron desde la organización.
Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956. Llevo aquí toda mi vida, desde que tenía 17 años. Es la casa donde he crecido, donde murieron mi padre y mi madre. Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitre en el que se me decía que tenía que irme de mi casa. No le hice ningún caso porque ellos no pueden echarme", explicó Maricarmen.
Los motivos del desahucio
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo asumir el precio. "Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL" explicaron desde la organización.
Los nuevos propietarios argumentaron que el contrato de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón a Maricarmen, la empresa recurrió hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo de 2025.
El motivo es que la segunda subrogación del contrato solo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%, precisó la organización. Maricarmen no puede adherirse a este régimen debido a que su discapacidad es del 50%
Actualmente, Urbagestión exige un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros. "En caso contrario, le da de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años", advirtió el sindicato.
Las alternativas de Maricarmen
"Me niego a irme de mi casa. Voy a luchar por ella. Hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos. No es justo y no debería ser legal", añadió Maricarmen en el vídeo compartido por la organización.
"Mi problema es que tengo un desahucio con 20 días de comunicación para mover una casa de 70 años. Pero insisto, no me voy a ir. Llevo luchando años y voy a luchar hasta el final porque están jugando con mi vida", añadió la jubilada. "El Gobierno podría cambiar esto con contratos indefinidos, como ya sucede en muchos puntos de Europa", reivindicó Maricarmen.
"Nos toca resistir y nos toca luchar, podemos hacerles frente, peor necesitamos ser muchas. Por eso, os pido que me acompañéis a parar mi desahucio el próximo miércoles, día 29, a las 08.30 horas de la mañana", pide a todo aquel que quiera ayudar a impedir este desahucio. "Esta es mi casa, este es mi barrio y yo todavía tengo mucha guerra que dar", concluyó