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El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La medida, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y respaldada por los principales sindicatos, busca mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores en España.
A pesar del consenso social, aún enfrenta obstáculos en el Congreso, donde no cuenta con apoyos suficientes.
El anuncio se produjo durante las manifestaciones del Primero de Mayo, donde miles de personas exigieron el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el diálogo social. La propuesta será enviada al Congreso para su tramitación parlamentaria, en medio de llamados a los partidos a respetar los pactos alcanzados con los trabajadores.
¿Qué cambiará con la jornada de 37,5 horas?
La reducción beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores en España, según el Ministerio de Trabajo. Esta modificación busca adaptar la jornada a los cambios en el mercado laboral, donde la productividad y la conciliación de la vida personal y profesional son ejes centrales.
Yolanda Díaz ha subrayado que la jornada de 40 horas lleva más de cuatro décadas vigente, y que el contexto actual exige una actualización.
Los sindicatos consideran que este avance responde a una larga reivindicación histórica. Además, remarcan que la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral y la evolución tecnológica justifican la necesidad de modernizar los horarios laborales. La meta es comenzar a aplicar la reforma antes de fin de año.
¿Qué dicen los partidos políticos y las patronales?
A pesar del respaldo sindical, la propuesta todavía no cuenta con mayoría parlamentaria asegurada. Desde Sumar han apelado al Partido Popular para que "mejore la vida de los españoles" con su voto.
También se mantienen negociaciones con Junts y otras fuerzas políticas para destrabar el debate en el Congreso.
En paralelo, la patronal y sectores empresariales mantienen sus reservas. Algunas voces advierten sobre posibles impactos negativos en la productividad o en la organización interna de las empresas.
Sin embargo, desde el Gobierno y los sindicatos aseguran que la medida está pensada para favorecer tanto a los empleados como a la economía en general. En este escenario, se abre una discusión clave sobre el modelo laboral del futuro.
