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Cada año, la Seguridad Social afronta un gasto millonario por las bajas médicas: 14.000 millones de euros en 2023, solo por las más de ocho millones de incapacidades temporales. Este coste se ha convertido en el segundo gasto más alto del sistema, según refleja la documentación a la que ha accedido ABC.
Ante la dificultad para controlar este gasto por otras vías, el Gobierno ha decidido exigir información extra a las empresas cada vez que uno de sus trabajadores cause baja.
En una carta oficial enviada por la directora general del INSS, Mª del Carmen Armesto, a la directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, se explica que estas medidas buscan "garantizar la gestión eficiente y transparente de los procesos relacionados con la salud de los trabajadores". Según Armesto, la clave está en una "colaboración estrecha entre empresas y entidades competentes".
Qué datos pide ahora la Seguridad Social a las empresas
Entre los nuevos requisitos, las empresas deberán facilitar:
El código del puesto de trabajo del empleado de baja.
Una descripción detallada de sus funciones.
"La descripción detallada de las funciones y tareas asociadas a su puesto nos permite comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales", señala Armesto.
Además, la responsable del INSS insiste en que la información debe ser "concisa pero completa, pues la calidad de los datos es fundamental para tomar decisiones informadas y garantizar un control adecuado de la incapacidad temporal del trabajador".
Poca colaboración empresarial: el ultimatum del Gobierno
Pese a estas nuevas directrices, la Seguridad Social ha detectado que muchas empresas siguen enviando información incompleta o directamente no la envían. Armesto reconoce que, "con independencia de la difusión que venimos realizando a las empresas, a través de los Boletines de Noticias RED (...), estamos detectando que en no pocos casos no se remite la misma, o bien es de poca calidad la información remitida".
Por ello, ha pedido ayuda directa a la patronal para que recuerde a las empresas la importancia de colaborar y cumplir con estas nuevas obligaciones.
En paralelo, el Gobierno ha preparado un acuerdo marco con instrucciones para las comunidades autónomas, enfocado a "evitar la prolongación innecesaria de los procesos" de baja por motivos traumatológicos. Sin embargo, el papel de las mutuas seguirá siendo limitado.
El documento oficial aclara que la participación de las mutuas se reducirá a realizar pruebas médicas, que siempre requerirán "autorización del médico de los servicios públicos de salud y del paciente". Además, el alta médica seguirá siendo competencia exclusiva del "médico de atención primaria".