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El Gobierno de España debatirá una propuesta del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar indebidamente en plazas reservadas a personas con discapacidad.
La medida busca que esta conducta deje de ser una infracción grave y pase a considerarse muy grave, lo que implicaría aumentar las multas de 200 a 500 euros.
Según el texto, la sanción actual "no resulta en absoluto disuasoria" y se pretende reforzar la protección de los derechos de las personas con movilidad reducida.
Esta modificación será debatida en el Pleno del Congreso este martes, en una sesión donde se espera un amplio consenso entre los grupos parlamentarios.
El Gobierno busca aumentar las multar por estacionar en lugares para discapacitados
Actualmente, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial castiga este tipo de infracciones con 200 euros de multa, o 100 euros en caso de pronto pago. Sin embargo, el grupo socialista considera que esta cifra es insuficiente para frenar los comportamientos incívicos.
El PSOE argumenta que "muchas personas con movilidad reducida siguen encontrando grandes dificultades para aparcar cerca de su destino", no solo por la falta de plazas adaptadas, sino también por el uso indebido de las mismas por parte de otros conductores.
Por eso, propone que la multa ascienda a 500 euros, reduciéndose a 250 euros si se abona en los primeros 20 días.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha reclamado en repetidas ocasiones un endurecimiento de las sanciones. Desde el colectivo destacan que esta medida "contribuiría a prevenir conductas incívicas y a reforzar la protección de las personas con movilidad reducida".
El PSOE subraya que la propuesta responde a una demanda social sostenida en el tiempo y recuerda que las plazas reservadas son esenciales para garantizar la autonomía de quienes enfrentan barreras físicas en su día a día.
Una propuesta reactivada en el Congreso
Esta medida no es nueva. En mayo de 2025, el PSOE y Sumar ya habían presentado una enmienda similar dentro de otra proposición de ley orientada a reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante y a prohibir los avisos sobre controles de tráfico.
Aquel texto, registrado en noviembre de 2024, quedó paralizado tras acumular más de treinta enmiendas. Ahora, los socialistas buscan reactivar el debate mediante esta nueva proposición, que deberá ser votada en el Pleno del Congreso para determinar si continúa su tramitación parlamentaria.