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El Partido Socialista ha presentado una propuesta dereforma del reglamento del Congresocon el objetivo de regular de forma clara y transparente la relación entre los diputados y los llamados grupos de interés.
La iniciativa, que será debatida en el pleno la próxima semana, plantea medidas concretas para evitar conflictos de intereses y aumentar el control sobre las actividades de influencia.
Con esta reforma, el PSOE busca cerrar un vacío legal que permite que personas o entidades influyan en la labor parlamentaria sin someterse a normas claras. La propuesta introduce mecanismos de transparencia y control, como un registro obligatorio y un informe de huella legislativa que acompañará cada iniciativa debatida en la Cámara.
¿Qué cambios introduce la propuesta para regular a los grupos de interés?
La medida estrella del proyecto es la creación de un registro público en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de lobby en el Congreso. Además, los diputados deberán hacer públicos los encuentros y conversaciones mantenidas con estos actores, detallando su contenido y contexto.
También se establece una definición legal precisa de lo que se considera un grupo de interés. La reforma incluye un código de conducta obligatorio, que marcará límites y buenas prácticas para quienes quieran influir en decisiones legislativas sin violar los principios de transparencia y responsabilidad institucional.
¿Cómo se aplicarán las sanciones y qué control habrá sobre los diputados?
La propuesta socialista contempla un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones, tanto desde el lado de los grupos de interés como desde el de los representantes parlamentarios. Las sanciones irán desde amonestaciones hasta posibles restricciones de acceso a los espacios del Congreso.
El control también incluirá la exigencia de un informe de huella legislativa por cada iniciativa parlamentaria. Este documento deberá reflejar qué grupos de interés participaron en su redacción o trámite, lo que permitirá conocer el grado de influencia externa en la elaboración de las leyes y aumentar la confianza ciudadana en el proceso legislativo.