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Desde fiestas hasta obras domésticas, los ruidos molestos pueden alterar la convivencia en las comunidades de vecinos. Es por eso que la legislación española es clara: los vecinos tienen derecho a vivir en un entorno tranquilo y pueden actuar legalmente contra quienes perturben ese equilibrio.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), junto con las ordenanzas municipales, establece los límites del comportamiento dentro de un inmueble. En particular, regula qué actividades se consideran molestas y cómo se puede actuar ante un propietario que genere ruidos de forma reiterada.
Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre el ruido
El artículo 7.2 de la LPH prohíbe realizar en el inmueble actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Entre ellas se incluyen los ruidos que impiden el descanso o alteran la convivencia. Esto significa que los propietarios y ocupantes deben evitar cualquier práctica que cause molestias graves al resto de vecinos.
La norma también indica que, si las molestias persisten, la comunidad de propietarios puede iniciar un procedimiento legal. En primer lugar, se debe advertir al infractor mediante requerimiento formal. Si este no cesa en su conducta, el presidente, previa aprobación de la junta, podrá presentar una demanda civil solicitando el cese de la actividad y, si procede, una indemnización por los daños ocasionados.
Además, el artículo 7.1 aclara que cada propietario puede realizar obras dentro de su vivienda, siempre que no altere elementos comunes ni cause perjuicio a otros vecinos. En caso contrario, incluso una reforma legal podría convertirse en una infracción si provoca ruidos continuados o vibraciones que excedan los límites permitidos.
Cómo actuar ante un vecino ruidoso
Cuando los ruidos son constantes o superan los límites razonables, los afectados deben documentar las incidencias. Anotar las horas, la frecuencia y el tipo de ruido puede servir como prueba. También es útil grabar sonidos o solicitar la intervención de la policía local, que puede medir los decibelios y elaborar un informe técnico.
Cada municipio cuenta con su propia ordenanza sobre ruidos. En la mayoría de las ciudades españolas, los niveles permitidos no deben superar los 35-40 decibelios durante el día ni los 25-30 decibelios por la noche. Superar esos valores, incluso de forma puntual, puede considerarse una infracción administrativa sancionable.
Si la intervención policial o la mediación de la comunidad no resuelven el problema, los vecinos pueden acudir a la vía judicial. Los jueces incluso pueden ordenar el cese inmediato de la actividad molesta, imponer multas e incluso, en casos graves, retirar temporalmente el uso de la vivienda al propietario responsable.
La ley prevé esta sanciones excepcionales cuando la conducta supone una alteración grave y continuada de la convivencia.
Convivencia y responsabilidad compartida
La aplicación de estas normas busca proteger el derecho al descanso y fomentar una convivencia equilibrada. No se trata de limitar la libertad individual, sino de garantizar que el ejercicio de los derechos propios no afecte a los demás. Vivir en comunidad implica responsabilidad, respeto y empatía.
Cada vez son más las comunidades que incluyen cláusulas específicas sobre ruido en sus estatutos internos, estableciendo horarios para obras o actividades que puedan resultar molestas. Esta prevención evita conflictos y ofrece una base clara para actuar en caso de incumplimiento.
En última instancia, la Ley de Propiedad Horizontal no solo ofrece mecanismos para denunciar a un vecino ruidoso, sino que también promueve una cultura de convivencia. Cumplirla no es solo una obligación legal, sino una forma de mantener la armonía en los espacios compartidos, donde el descanso y el respeto mutuo son esenciales para la vida diaria.