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En Cataluña se dio un paso firme en la lucha contra el amianto con la aprobación de una nueva ley que obliga a su retirada de todos los edificios antes de 2032.
La normativa, impulsada por el Govern de Pere Aragonès y mantenida por el Ejecutivo de Salvador Illa, establece sanciones de hasta 100.000 euros para quienes incumplan las órdenes de eliminación.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subrayado que la erradicación del amianto es una cuestión de salud pública, un compromiso medioambiental y un acto de justicia para las personas que han sufrido las consecuencias de su exposición.
Sin embargo, la implementación de la normativaaún enfrenta obstáculos, como la falta de censos locales completos y la escasez de infraestructuras para la gestión de los residuos.
Multas y medidas clave para la eliminación del amianto en edificios
La normativa aprobada por el Parlament establece un marco legal para la retirada progresiva del amianto en todo el territorio catalán.
Entre sus medidas principales destacan:
- Creación de un censo catalán de materiales con amianto.
- Inspecciones regulares para garantizar el cumplimiento de la normativa.
- Establecimiento de un fondo económico destinado a la gestión y retirada del material.
- Campañas de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre los riesgos del amianto.
- Exigencia de un certificado de presencia de amianto en la compraventa y alquiler de inmuebles anteriores a 2002.
- Aplicación de sanciones de hasta 100.000 euros a propietarios que no cumplan con la retirada obligatoria del material.
Plataformas como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y el colectivo Jubilados de Macosa-Alstom han celebrado la aprobación de la normativa, aunque reclaman agilizar los trámites para su entrada en vigor.
Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès, una ciudad con numerosas edificaciones de fibrocemento, también ha respaldado la iniciativa, destacando la urgencia de actuar cuanto antes.
Desafíos en la implementación de la eliminación del amianto en edificios
A pesar del avance legislativo, la aplicación de la ley enfrenta varios desafíos:
- Censos locales incompletos: muchos ayuntamientos aún no han elaborado un registro detallado del amianto en sus municipios.
- Falta de presupuesto: se requerirá financiación adicional para que las administraciones locales puedan llevar a cabo la retirada del material.
- Limitaciones en la gestión de residuos: actualmente, el único vertedero controlado para residuos peligrosos no cuenta con suficiente capacidad para almacenar las toneladas de amianto que se deben eliminar.
- Amianto en infraestructuras subterráneas: no se ha definido un plan claro para la retirada del amianto presente en cañerías de distribución de agua.
- Necesidad de urgencia en la implementación: algunos diputados han solicitado acelerar la entrada en vigor del reglamento normativo para evitar demoras adicionales.
