El impacto político que tuvo la elección del 25 de octubre también tocó las fibras más sensibles del Poder Judicial. Por caso, la Corte Suprema salió de inmediato a plantear la necesidad de reformas ante la problemática del narcotráfico, tema central en la discusión electoral, y diez días después de los comicios declaró inconstitucional la ley de subrogancias que había promovido el Gobierno. Pero además de lo formal, la Justicia se encuentra en días de tensa calma rumbo a un ballottage que puede cambiar el mapa de negociaciones en los tribunales de Comodoro Py y Talcahuano.

De las que involucran a funcionarios nacionales, Hotesur es la causa estelar en la Justicia, por la vinculación directa en presuntos hechos de corrupción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y también el empresario santacruceño Lázaro Báez. En la semana previa a las elecciones, la diputada Margarita Stolbizer presentó ante el fiscal Carlos Stornelli un informe que anticipó a la prensa y en el que planteó su preocupación por el, según creía, inminente cierre del caso por parte del juez Daniel Rafecas, quien lo instruye luego de que la Cámara Federal separara a Claudio Bonadio. Según supo El Cronista, ese contexto cambió tras la elección. En caso de que Macri sea electo presidente, fuentes judiciales creen que Rafecas estará obligado a mover la causa que pausó desde la salida de Bonadio, hace tres meses. El juez sorteó con éxito varias presentaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura, pero en la UCR todavía recuerdan el mal trago que le hizo pasar al ex presidente Fernando De la Rúa cuando lo mandó a juicio por el caso de presuntas coimas en el Senado, del que luego fue sobreseido.

Las acusaciones surgidas desde el programa Periodismo para Todos contra Aníbal Fernández en relación a su participación en la causa del Triple Crimen de 2008 y sus supuestos vínculos en la importación de efedrina, por ahora, no tienen eco en la Justicia, ya que el jefe de Gabinete no aparece involucrado ni en la causa original, ya terminada, ni en la que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría, en la que se encuentra procesado el ex jefe de la Sedronar, Ramón Granero. Con el cambio de Gobierno, ese y otros expedientes que se inicien podrían complicar al funcionario, que fue citado a indagatoria por Bonadio por irregularidades en la licitación del plan Qunita.

El futuro de Amado Boudou y Ricardo Jaime también puede tener novedades pronto. El vicepresidente está encaminado al juicio oral por el caso Ciccone y por la compra de un auto con documentación apócrifa, entre otras acusaciones. El ex secretario de Transporte está todavía más comprometido, ya que cuenta con dos condenas por ocultar documentación y aceptar dádivas, y espera el fallo del juicio por la Tragedia de Once.

En paralelo, casi anticipándose a una derrota de Scioli en el ballottage, el kirchnerismo empezó a ubicar dirigentes afines en puestos estratégicos para comenzar a operar como oposición. La designación de los camporistas Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón en la AGN es la principal muestra de ello, pero también lo son el reclamo de continuidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el llamado a sesiones legislativas que el Ejecutivo hizo ayer a través del Boletín Oficial para debatir en el Senado los pliegos de casi dos decenas de jueces, fiscales y defensores para la Justicia Nacional, y la creación de juzgados en Misiones y Buenos Aires.

esa estrategia puede agregársele además las dos postulaciones de jueces a la Corte Suprema y la mayoría simple que, estiman, todavía conservará en Magistratura.