Luego de la polémica que generó la difusión de los sueldos que perciben los obispos católicos, a mediados de marzo a través de un informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reconoció este miércoles, públicamente, estar en tratativas con el Gobierno nacional para "ir resignando de manera gradual" parte de los fondos que el Estado gira a la jerarquía de la Iglesia en concepto de "asignaciones" para el sostenimiento del culto.

Luego de sesionar por dos días en su sede del barrio porteño de Retiro, los obispos en conjunto reconocieron públicamente haber conformado una comisión ad hoc para tratar con funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto "nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto", que se ampara en las leyes 21.950, 22.162 y 22.950, promulgadas en 1979, 1980 y 1983 por los presidentes de facto Videla, en los dos primeros casos, y Bignone.

De acuerdo a la declaración del cuerpo episcopal, que preside el obispo de San Isidro, Oscar Vicente Ojea, "se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional".

Las "alternativas", todavía no adoptadas, implicarían dejar progresivamente las transferencias dinerarias directas hacia la Iglesia, que serían reemplazadas por mecanismos para que los fieles católicos contribuyan al financiamiento de las actividades de su credo. "Estamos buscando generar un cambio de paradigma", definió un funcionario inmerso en las negociaciones.

El sostenimiento del culto católico en el país se sustenta, fundamentalmente, en los aportes de los fieles y las contribuciones para obras específicas, como ocurre localmente con las colectas anuales de Cáritas y "Más por Menos". A su vez, las diócesis realizan campañas específicas que apuntan a que los fieles aporten hasta el 1% de sus ingresos. En otros países, dicho trámite se facilita a través del fisco.

En marzo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, reveló en su informe de gestión a la Cámara de Diputados, ante el pedido de la legisladora Soledad Carrizo (Evolución Radical) que los obispos diocesanos percibirán este año $ 46.800 mensuales, lo mismo que los administradores apostólicos; mientras que los auxiliares y eméritos, $ 40.950.

Las conversaciones entre Iglesia y Estado no contemplan de momento los subsidios que el Estado abona a sacerdotes radicados en zonas desfavorecidas ni a seminaristas, ni la asistencia económica a instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, del Ministerio de Desarrollo Social. El monto total de partidas asignadas para este año asciende a $ 130.421.300.