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En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei confirmó que el Ejecutivo pondrá en marcha un ambicioso esquema de reformas estructurales, las cuales serán enviadas al Parlamento a lo largo del presente año legislativo.
“Cada uno de los ministerios ha preparado diez paquetes de reformas estructurales. Esto constituirá el año calendario de las reformas: nueve meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, detalló.
Entre los proyectos, Milei hizo hincapié en la “reforma del esquema impositivo” y también habló sobre la necesidad de seguir bajando las retenciones al campo, siempre que el superávit fiscal lo permita.
“Necesitamos menos impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno vaya a impulsar una reforma tributaria integral. En diálogo con El Cronista Stream, el funcionario resaltó que la actual administración ya introdujo un capítulo fiscal dentro de la Ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el último viernes de febrero.
En este escenario, el interrogante central es si aún existe margen fiscal para avanzar con medidas de este calibre. El Gobierno debe cumplir con la meta de superávit primario del 1,5% del PBI, un objetivo clave en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro aspecto relevante es la recaudación tributaria, ya que en febrero se registró la séptima caída real interanual consecutiva. Según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el dato marcó una baja de 9,7% real interanual durante febrero de 2026.
“Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior [cayeron los ingresos reales], habría caído el 7,8%”, aclaró la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz.
Aun así, podría decirse que el punto más delicado en este asunto son las cajas provinciales y el consenso necesario que debe alcanzar la Nación con los gobernadores.
“Las modificaciones, reducciones o eliminaciones que el Gobierno Nacional puede impulsar se limitan a los tributos de jurisdicción federal. El peor de los impuestos que tenemos en Argentina, que es Ingresos Brutos, excede a la Nación y depende de voluntades políticas de las provincias”, subrayó Florencia Fernández Sabella, socia a cargo del departamento de Impuestos en Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
Los impuestos coparticipables, un clavo en el zapato para la Nación
El impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son dos de los tributos que forman parte de la coparticipación federal. Por lo tanto, cualquier modificación en estructura requiere del consenso y el aval de las provincias.
“Si lo mirás por peso recaudatorio y coparticipación, los más rígidos en el corto plazo son IVA y Ganancias: en el primer trimestre de 2025 explicaron el 81,1% de la recaudación por impuestos. Además, su distribución está muy ‘institucionalizada’: en IVA, el neto se reparte mayormente vía coparticipación (y una porción va a previsión/ANSES) ; y en Ganancias hay detracciones/asignaciones previas y luego coparticipación. Por eso, recortarlos ‘fuerte’ implica acuerdo federal (y compensaciones), no solo decisión del Ejecutivo”, explicó Diego Fraga, abogado y socio de Expansion Business Argentina.
En el pasado reciente, el gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de reforma laboral una baja de alícuotas en Ganancias para sociedades. La versión original del texto establecía una reducción de la alícuota en los tramos 2 y 3, llevando los porcentajes del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente.
La medida implicaba un beneficio para las empresas, aunque los gobernadores pusieron la lupa sobre el impacto fiscal que, según estimaciones del IARAF, era del 0,22% del PBI, equivalente a $ 1,9 billones.
Los mandatarios provinciales lograron imponer su postura frente a la iniciativa. El Ejecutivo, luego de arduas negociaciones y semanas de tensión en la previa al debate de la reforma, quitó este fragmento del capítulo fiscal.
Los especialistas consultados prevén que el anuncio de Milei no derivará en reducciones de tributos con un peso elevado en los recursos provinciales.
“No creo que la reforma abarque temas de impuestos provinciales y/o tasas municipales. Es el gran fuerte al que se debería apuntar, pero todavía no hay consenso para hacer eso”, sostuvo Fernando López Chiesa, tributarista y socio en Lisicki, Litvin & Asociados.
El experto consideró que las modificaciones del esquema tributario “van a venir por temas de impuestos nacionales”, tal como sucedió en la Ley de Modernización Laboral con la eliminación de gravámenes internos vinculados a la telefonía celular, los seguros y los automóviles, entre otros.
Según el IARAF, el número de tributos nacionales se reducirá de 45 a 37 a partir de 2028, ya que la derogación de los impuestos vinculados a entradas de espectáculos cinematográficos y servicios de comunicación audiovisual entrará en vigor en esa fecha. De este modo, sumando los distintos niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios), el total de gravámenes pasará a ser 147.
Los tributos de “mayor peso” y los límites reales para seguir bajando impuestos
La política impositiva se encuentra atada a una restricción básica: cuánto ajuste de gasto o generación de ingresos alternativos está dispuesto a tolerar el Gobierno para compensar la baja de cada tributo.
El sistema tributario argentino cuenta con impuestos que los especialistas en tributación catalogan como “distorsivos” y que entorpecen la economía. En esa categoría figuran Ingresos Brutos y el impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como el impuesto al Cheque.
En el primer caso, Ingresos Brutos se traslada plenamente en cada una de las etapas del proceso productivo hasta que llega al consumidor final y tiene un peso significativo en términos del PBI (alrededor del 4%).
Se trata de un gravamen provincial que aplica un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por actividades autónomas, actos u operaciones que factura un determinado negocio. Está regulado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que además definen los tipos de exenciones y regímenes de recaudación (SIRCREB, SIRTAC y SIRCUPA, por ejemplo).
“Es el impuesto más criticado por su efecto cascada, pero es la columna vertebral de las provincias: implicó el 78% de su recaudación propia en 2025″, señaló Fraga.
Al respecto, Daniel Ricardo García, especialista en derecho tributario y socio de LexTax Advisory, remarcó que este tributo desalienta la competitividad. “Impacta de lleno en los márgenes brutos de las empresas. Con márgenes cada vez más acotados, resulta complejo transitarlo sin que genere daño en las finanzas corporativas”, precisó.
En segundo lugar, el impuesto al Cheque —otro de los gravámenes distorsivos—, impulsado en 2001 por Domingo Cavallo, exministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, tiene un peso cercano al 1,7% del PBI.
Se aplica sobre cada movimiento bancario, es decir, abarca todas las operaciones de acreditación o débito que haya en una cuenta bancaria, personal o de empresas. La alícuota es del 0,6% para los depósitos y otro 0,6% para el cobro o retiro de fondos.
“Si pensamos cuáles son los tributos nacionales que se podrían eliminar o reducir, el primero que se suele mencionar es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que —aunque parezca difícil de creer— obliga a pagar un impuesto por el solo hecho de bancarizar las operaciones. Sin embargo, desde una óptica de recaudación, es difícil prescindir de él porque su cobro es muy sencillo y su base imponible crece tanto como la actividad y la inflación”, resaltó Fernández Sabella.
El punto delicado es que el 100% de lo recaudado se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En los hechos, cualquier reducción implica afectar recursos de la seguridad social, lo cual obligaría al Gobierno a reestructurar ese financiamiento.
“Las pymes lo toman como pago a cuenta de Ganancias. Entonces, para la mayoría, no es un impuesto más, sino que es un adelanto de Ganancias. Es negativo financieramente, pero termina siendo un alivio cuando lo tomás como pago a cuenta de ese tributo”, detalló García.
Por otro lado, el Presidente hizo hincapié en profundizar la baja de los Derechos de Exportación (DEX) para el sector agropecuario, en la medida que el equilibrio fiscal lo permita. Cabe recordar que las retenciones no son coparticipables, sino que el 100% de los recaudado se destina a la Nación.
Sin embargo, cualquier beneficio al agro exigirá ingresos sustitutos o mayor recorte del gasto, sobre todo tras la extinción del Impuesto PAIS a fines de 2024.
¿Y si el superávit fiscal lo permite?
Desde su punto de vista, Diego Fraga argumentó que, en caso de haber margen fiscal, el Gobierno podría simplificar la cantidad de impuestos de baja recaudación y avanzar en un esquema gradual sobre los tributos distorsivos.
En ese último punto, enumeró cuáles deberían ser las medidas:
- Alivio del impuesto al Cheque vía pago a cuenta.
- Baja escalonada de retenciones, empezando por sectores donde el costo fiscal sea más manejable.
- Reforma federal para rediseñar Ingresos Brutos. Por ejemplo, concentrarlo en etapas finales o migrar “hacia un impuesto con menor efecto cascada”.
Por su parte, Fernández Sabella consideró que “reducir impuestos en su interpretación tradicional —es decir, bajar alícuotas o crear exenciones— resulta difícil en este contexto, donde existe una firme decisión de mantener el superávit y cumplir con las metas de resultado en las cuentas nacionales”.
Sin embargo, la especialista aseguró que la actual administración podría avanzar en “una simplificación real del sistema tributario”. A modo de ejemplo, señaló que una medida efectiva sería aumentar los umbrales de retención en Ganancias —establecidos en la Resolución General 830— para evitar que las empresas deban realizar trámites administrativos por montos insignificantes.
A su vez, señaló que existen normativas que, aunque no sean leyes estrictamente impositivas, afectan la percepción del sistema. “Hay que seguir avanzando en limitar la potestad de ARCA [Agencia de Recaudación y Control Aduanero] de cobrar impuestos por adelantado o sobre bases fictas, que luego generan saldos a favor inmovilizados que, en la actualidad, demoran más de dos años en ser devueltos”, agregó.
En tanto, López Chiesa consideró que “el espacio más plausible se encuentra en tributos de menor anclaje coparticipable o altamente distorsivos, como el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios o los derechos de exportación —que aún subsisten, particularmente en el complejo agroindustrial—, donde podrían instrumentarse senderos de reducción progresiva”.
Para el especialista, también es necesario avanzar en una agenda de simplificación administrativa que “reduzca regímenes de percepción, retención y costos de cumplimiento”.
