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La digitalización avanza sin freno en los municipios: turnos online, reclamos vía app y trámites sin papel ya son parte de la gestión diaria. Esto trae comodidad, pero también abre una pregunta clave: ¿qué pueden hacer los municipios con la información personal?
La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) establece que los organismos estatales solo pueden recolectar datos si son pertinentes y no excesivos; deben informarte explícitamente su uso, permitir acceso, actualizaciones o eliminación, y garantizar que no se usen para propósitos distintos a los declarados.
Pero además, si una persona siente que sus datos fueron mal manejados -por ejemplo porque no se eliminan tras cumplir su propósito- se puede ejercer el derecho legal de hábeas data o presentar una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
La eliminación correcta de esos datos no sólo es obligatoria, sino que es necesaria. En los últimos cinco años se produjeron filtraciones de datos personales de bases oficiales. Los datos almacenados en un simple Documento Nacional de Identidad incluyen la dirección postal, nombres, apellidos, códigos de validación y datos biométricos.
Por ejemplo, en abril de 2025, el grupo cibercriminal D0T CUM puso a la venta más de 665.000 estudios médicos extraídos de 30 clínicas, sanatorios y hospitales en Argentina. En la dark web, los datos personales se comercializan a precios que varían según el tipo de información a la venta.
Algunos municipios están avanzando en la cuestión. En la ciudad de Rosario, los pliegos de licitación pública especifican que los oferentes deben presentar documentación que detalle la gestión de los datos personales que recojan durante el proceso, incluyendo su tratamiento y eliminación una vez cumplido el propósito para el cual fueron solicitados.
¿Qué datos pueden pedir y cuáles son sensibles?
Los municipios pueden solicitar datos como DNI, domicilio u ocupación si están vinculados al trámite. Pero la ley prohíbe recolectar datos sensibles -por ejemplo, sobre salud, orientación sexual o ideología- salvo en casos excepcionales, siempre con autorización legal.
¿Para qué pueden usar los datos?
La información solo puede utilizarse para el fin declarado. Pedir un DNI para validar identidad está permitido; usarlo luego para propaganda política, no. Esto responde a los principios de finalidad y no excesividad de la ley.
¿Tienen las personas derecho a saber qué datos tienen y exigir rectificaciones?
Sí. se puede solicitar acceso a datos, pedir correcciones, exigir supresión si ya no son necesarios y exigir confidencialidad. El organismo debe responder en plazos legales establecidos.
¿Que se puede hacer?
Pedir por escrito qué datos tienen y con qué finalidad.
Si se consideran que algunos son excesivos, solicitar su supresión.
Si no respondieron o se negaron, presentar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o iniciar una acción de habeas data.
Exigir que cualquier plataforma municipal informe plazos de retención y destrucción de datos.