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Tras disolver Vialidad Nacional esta semana, entre otros recortes motorizados por la gestión de Javier Milei sobre el final de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, este jueves el Gobierno prorrogó también la intervención de Corredores Viales.
La medida se oficializó a través del Decreto 464/2025 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo. De esta forma, continúa el proceso de privatización de la entidad encargada de gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas por el Gobierno, lo que incluye 10 corredores en todo el país.
Meses atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado el inicio del proceso de disolución y privatización total de la entidad: para ello, se aplicaría un modelo de concesión de obra pública por peajes que más tarde permitiría eliminar la empresa.
En este sentido, este jueves se extendió el período de intervención estatal sobre el organismo y, además, se ratificó a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora.
Esta decisión se fundamenta en la "complejidad" del proceso de "traspaso" de los 10 corredores viales al sector privado y la necesidad de un plazo mayor al inicialmente estimado para "consolidar mejoras internas, renegociar contratos y asegurar una transición ordenada y eficiente" que no comprometa la continuidad operativa de los corredores viales.
Actualmente, la entidad tiene a cargo unos 10 corredores viales en todo el país que abarcan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la privatización de estas rutas, la gestión de Javier Milei espera eliminar por completo la empresa dedicada a gestionar su actual concesión estatal.
Prorrogan la intervención de Corredores Viales: qué implica
El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. se enmarca en la Ley Bases (N° 27.742), la cual habilitó inicialmente la publicación del Decreto 244/2025 del pasado 1° de abril que declaró al organismo "sujeto a privatización".
Su disolución está alineada a la estrategia del Gobierno de desregular y privatizar la obra pública en general, y la vial en particular, con amplios cambios en el sector desde la llegada de Milei al poder.
Según los considerandos de la norma, el Gobierno definió la intervención de Corredores Viales tras un análisis que detectó "falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos".
Tras el decreto inicial y la posterior intervención, presuntamente "se iniciaron acciones tendientes a mejorar cada uno de los ámbitos de la empresa", entre estas, la aprobación de un nuevo organigrama; normas y procedimientos; y reglamentos de compras, la constitución de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.
Por ello, el Gobierno considera que, "sin perjuicio de los avances realizados, resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción", por lo que se definió extender el período de intervención "hasta culminar el procedimiento".
De esta forma, la extensión del plazo busca asegurar que la transición sea "eficiente y no afecte el servicio esencial de los corredores viales". Según detallaron, los próximos pasos para Corredores Viales incluyen:
- Continuación de la implementación del plan de acción bajo la dirección de la Interventora Anastasia Adem.
- Renegociación de contratos.
- Consolidación de las mejoras de gestión, finanzas y capital humano.
- Avance en el proceso de disolución y liquidación de la sociedad, en coordinación con el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Monitoreo por parte de la recién creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte sobre las futuras concesiones viales.
El avance de Milei sobre la obra pública vial
Esta extensión se da a pocos días de la creación de la "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte", el nuevo organismo con el que el Gobierno fiscalizará los servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias en lugar de Vialidad Nacional.
Esta semana, además de disolver y restructurar las funciones de Vialidad, el Gobierno también modificó la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Así, las funciones de la ex Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se dividieron entre el Ministerio de Economía (estudio, construcción, conservación, mejoramiento de caminos nacionales) y la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (planeamiento, ejecución, fiscalización y control de concesiones viales federales).
Finalmente, se anunció la creación de un Consejo Vial Federal para coordinar obras viales con las provincias.