Hace casi dos semanas que La Salada se encuentra clausurada y bajo custodia policial, en el marco del operativo que terminó con la detención de Jorge Castillo, el empresario que administraba el espacio y que está imputado por lavado de dinero, contrabando y evasión.

La medida dejó sin sustento a 30 mil personas entre puestos, talleres y empleados, mientras que, si se suman los vendedores ambulantes, carreros, remises, entre otros, se estiman que la cifra asciende a casi 40 mil.

En medio de este conflicto, el jueves se realizará una reunión entre la intendencia de Lomas de Zamora, los feriantes y la Justicia, según informó el periodista Nacho Girón en sus redes. La idea: encontrar una solución para poder reabrir la feria sin afectar la investigación de la fiscal y el juez.

De acuerdo con el autor del libro La salada: Radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, desde el municipio consideran exagerado el cierre teniendo en cuenta la fuente de trabajos directos e indirectos que otorgan las instalaciones.

Otro punto clave es que la investigación solo apunta a los administradores de la feria. En efecto, los feriantes aseguran que no tienen vínculo alguno con el operativo o la investigación.

A las pérdidas de ventas en el puesto que supone el cierre de la feria deben sumar las pérdidas por la imposibilidad de acceder a la mercadería de los depósitos que tienen dentro del complejo. Muchos de ellos, usan la feria y en especial los tours desde las provincias, para entablar vínculos comerciales.

La Salada es actualmente el mayor complejo comercial informal de la Argentina y uno de los más grandes de América Latina. Con más de 30 años de historia, cuenta con más de 20 hectáreas y abastece a comerciantes de todo el país.

Desde el cierre de las ferias, los puesteros no pudieron acceder a la mercadería que tenían en sus locales y tampoco a la de los depósitos que tienen en el mismo complejo.