Desde el jueves, Bariloche será sede del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías, un encuentro técnico que este año tendrá un fuerte condimento político: al menos nueve gobernadores ya confirmaron su presencia, en un gesto que busca mostrar unidad y reclamar mayor federalismo en la relación con el gobierno de Javier Milei.
Estarán presentes el anfitrión Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y el último confirmado Rolando Figueroa (Neuquén).
Según comentaron fuentes provinciales a este diario, no se descartaba la presencia del bonaerense Axel Kicillof, una de las figuras codiciadas en este concierto provincial, tras el triunfo que se llevó el 7 de septiembre. Hoy el mandatario participará, en principio, del foro Democracia para siempre, junto a otros líderes internacionales presentes en Nueva York por la Asamblea General de la ONU.
La foto conjunta de este grupo de mandatarios tiene un valor que excede el marco del foro. Weretilneck, anfitrión del encuentro, viene siendo una de las voces más firmes en defensa de la coparticipación y de las economías regionales. Sadir, de extracción radical, representa a las provincias del norte que reclaman igualdad en la distribución de recursos.
Sáenz y Jalil, de perfiles dialoguistas, pero críticos cuando los fondos no llegan, advierten que las provincias no pueden sostener planes sociales y salarios si la Nación no cumple sus compromisos. Ambos mantuvieron contactos con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aunque eso no alteró el voto de sus legisladores en el Congreso.
Ziliotto, peronista, fue uno de los que impulsó la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que buscaba que esos recursos se distribuyan automáticamente y no por decisión discrecional de la Casa Rosada. Orrego, Torres y Passalacqua se suman como parte de un bloque federal heterogéneo que pide previsibilidad para planificar sus presupuestos.
"Van a estar todas las tribus, peronistas, de partidos provinciales", señalaron desde la organización, que pretende tener una conformación transversal con un trabajo operativo en conjunto, con fuerte mensaje político. Por ahora, no serán de la partida dos de los gobernadores que más convencidos están de una construcción para enfrentar a Milei en 2027: el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro.
La agenda del foro girará en torno a financiamiento para pymes y herramientas de garantía para el desarrollo productivo, pero el contexto político le da un tono diferente. La reciente decisión del Senado de rechazar el veto presidencial a la ley de ATN fue leída como un triunfo de las provincias frente al Ejecutivo.
Con 59 votos afirmativos, la Cámara alta insistió en la norma, obligando al Gobierno a restituir un mecanismo que busca dar certidumbre sobre la llegada de fondos.
Para los gobernadores, la situación es crítica: el recorte de transferencias no automáticas, la paralización de la obra pública y la incertidumbre sobre el Presupuesto 2026 generan presión en sus finanzas. Por eso, la imagen de al menos nueve mandatarios de distintos signos políticos juntos en Bariloche puede convertirse en una señal de advertencia a la Casa Rosada. "No se trata de un reclamo partidario, sino institucional", repiten en los despachos provinciales.
La pelea por los ATN es apenas un capítulo de un conflicto mayor: la puja por el modelo de federalismo que quiere implementar Milei. El presidente busca reducir al mínimo las transferencias discrecionales y empujar a las provincias a ajustar su gasto, pero los gobernadores sostienen que no se trata de subsidios sino de recursos legítimos que les corresponden por ley. La tensión se profundiza en un año electoral, donde cada decisión sobre fondos puede impactar en la gobernabilidad local.
Bariloche ofrecerá un escenario ideal para mostrar esa cohesión. No se espera un documento formal pero sí una foto que sintetice el mensaje: las provincias están dispuestas a plantarse para defender sus recursos y reclamar previsibilidad.
Fondos de garantías: qué son, cómo funcionan y por qué son claves para las MiPyMEs
En Argentina, el sistema de fondos de garantías se ha consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito de las MiPyMEs. Según el informe de la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos (FONRED) de abril 2025 al que tuvo acceso El Cronista, actualmente existen 11 fondos constituidos, tres en proceso de aprobación por el BCRA y cuatro en etapa de asistencia técnica, que en conjunto administran un fondo de riesgo total de $1,77 billones.
El principal actor es el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), de alcance nacional, que concentra $1,62 billones. Le sigue la Garantía CFI con $56.109 millones, destinada a proyectos regionales. Entre los fondos provinciales, el más grande es FOGABA (Buenos Aires), con $54.344 millones y tres décadas de trayectoria. Luego se ubican FOGAPAM (La Pampa) con $8.556 millones, Garantía San Juan con $6.396 millones, y FOGAER (Entre Ríos) con $6.305 millones.
El FOGACH (Chaco) administra $5.014 millones, mientras que FOGAPLAR (La Rioja) alcanza $3.426 millones. Más pequeños pero estratégicos para el desarrollo regional son FOGADEF (Tierra del Fuego, $2.200 millones), FOGACAT (Catamarca, $2.136 millones), FOGANEU (Neuquén, $1.403 millones) y FOGAJUY (Jujuy, $1.201 millones).
En total, el sistema ha asistido a más de 1,5 millones de MiPyMEs a lo largo de su historia y mantiene una tasa de mora baja, de apenas 1,5% sobre el riesgo vivo, lo que refleja un manejo prudente y un acompañamiento activo a las empresas. La mayoría de los avales se concentran en los sectores de comercio (35%), agropecuario (26%) e industria/minería (17%).
El impacto económico es significativo: solo en los últimos meses el monto avalado superó $1,3 billones, con un fuerte protagonismo de las micro y pequeñas empresas, que representan el 96% de las asistidas. Estos fondos se han convertido en un instrumento federal de inclusión financiera, generando condiciones de crédito más accesibles en provincias donde las PyMEs enfrentan mayores dificultades para financiarse.