La misión de Argentina a la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, Estados Unidos, tiene pasajes abiertos para volver a Buenos Aires cuando los funcionarios lleguen a un principio de entendimiento técnico, que deberá ser refrendado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con la firma de una carta de intención.

Durante esta semana, tendrán que limar diferencias sobre el crecimiento económico previsto, el déficit fiscal, la inflación y la acumulación de dólares en las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) en los próximos años.

La principal divergencia que existe entre los técnicos del Ministerio de Economía y del BCRA con el staff del organismo es el nivel de actividad previsto para 2022.

Sobre esta variable se organizan el resto de los contrapuntos: recaudación, gasto, el consiguiente déficit fiscal y su ritmo de reducción estimado en el plan económico que se plasmará con un "programa plurianual".

Además, el crecimiento también impactará sobre la acumulación de reservas para pagar la deuda a partir de 2026.

En el Gobierno creen (y piensan que el FMI ya lo comprendió) que una devaluación no soluciona nada, porque el salto que provoca en la inflación elimina pronto las mejoras de competitividad

El FMI ya proyectó una evolución positiva de la actividad en 2,5% y la Argentina está convencida de que puede llegar al 4%, ya que el arrastre estadístico que deja este año ubica al crecimiento económico en al menos 2,5% para el siguiente.

Es decir, si se cumple el pronóstico de la entidad, no habría un salto real en la actividad en la comparación de 2022 versus diciembre 2021. Un pronóstico bastante pesimista.

Como por cada punto de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las importaciones trepan entre 2 y 3 puntos porcentuales, los técnicos de la institución que prestó 44.000 millones de dólares en 2018 sostienen que el país no tendrá dólares disponibles para afrontar un mayor nivel de actividad el año que viene.

Una prueba es que la escasez de reservas (además de la crisis logística internacional) complicó a algunos sectores sensibles en los últimos meses.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las cantidades importadas acumuladas al tercer trimestre tuvieron una suba de 34,5% interanual, con un despunte de Piezas y accesorios de bienes de capital (63,2%) y Combustibles y lubricantes (55,1%), y el contrapeso de Bienes intermedios (23,4%) y Bienes de consumo (apenas 15,1%).

Todo el plan económico y el programa plurianual tiene un nudo gordiano en la variable del crecimiento.

Por eso, Guzmán está a la espera de conseguir junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, unos u$s 5000 millones que prestarían las entidades multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo -BID-) para cerrar su plan financiero de 2022.

En el proyecto de Presupuesto, se estimó que los organismos internacionales desembolsarían cerca de u$s 15.000 millones el próximo ejercicio, una cifra que sería récord y sobre la que el mercado no está muy convencido.

En términos del PBI, implica un financiamiento bruto de 2,9% y uno neto de 2,4% por parte de estos bancos.

Con un crecimiento mayor, el déficit fiscal se iría ajustando aceleradamente por la suba del denominador, y se reduciría la necesidad de aplicar un aumento muy fuerte sobre las tarifas de la energía y el transporte para la clase media, media-alta y alta (ABC1).

Un programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) otorga un plazo de 4 años y medio de gracia.

Con todo, los funcionarios tienen en su mente el cronograma de vencimientos de deuda con los acreedores privados, que tras la reestructuración del año pasado concentró fuertemente los pagos de capital a partir de 2025.

La intención del Gobierno es que el perfil de vencimientos no vuelva a ser insostenible y retornar antes a los mercados internacionales de crédito.

En este sentido, ayer los bonistas criticaron la intervención del BCRA, que este año gastó unos u$s 3300 millones para intervenir en la cotización de los dólares paralelos, en vez de recomprar deuda y mejorarles los precios de salida de los bonos a los acreedores.