El Gobierno está decidido a apurar la sanción de la ley que modifica las denominadas 'jubilaciones de privilegio' de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. Pero pese a que su objetivo es aprobar la norma la semana que viene, los tiempos son más que ajustados.

La intención del Poder Ejecutivo es que la iniciativa que impulsa el presidente Alberto Fernández se convierta en ley en sesiones extraordinarias, plazo que culminará el viernes 28. Por eso son varios los escollos que deberá sortear en algo más de una semana que está atravesada por un fin de semana largo (por los dos feriados de Carnaval) para conseguir ese objetivo.

En el Senado, por caso, ya anticiparon que hasta el 1 de marzo -día en que queda inaugurado el período de sesiones ordinarias- no habría actividad. En tanto, en Diputados, fuentes parlamentarias dijeron que "no hay vuelos para el miércoles", por lo que el viaje a la Capital Federal de los diputados que viven en el interior, después de los feriados, será complicado.

A esto se le suma que deberían constituirse las comisiones a las que sea girado el proyecto. Hecho esto, las comisiones deberían debatir el proyecto y, recién saldada esa etapa, siempre y cuando el oficialismo se alce con el dictamen de mayoría, el texto tendría luz verde para tratarse en el recinto.

Pero, por más que el esquema que tenía en mente el oficialismo se cumpla a rajatabla al oficialismo le resta un detalle: contar con los números para el quórum. En este sentido, la convocatoria para sesionar la próxima semana está sujeta a que "den los números".

Por ahora, el avance del proyecto en sesiones extraordinarias en el Congreso sigue envuelto en un interrogante. No hubo ninguna convocatoria formal. "A lo sumo, se tratará en comisiones", le dijo una fuente parlamentaria a El Cronista sobre los avances que podría tener la iniciativa en lo que resta del período de sanciones extraordinarias.

Más allá de las advertencias por parte de la oposición de que, si la ley sale tal como la envió el Ejecutivo las chances de que sea declarada inconstitucional son altas, desde el Gobierno se mostraron despreocupados. Su objetivo es que la ley salga lo antes posible. Y, si se judicializa y la Corte Suprema toma una decisión adversa, "serán ellos los que tendrán que caminar por la calle".