Previo a la oficialización de la candidatura de Inés Weinberg de Roca a la Procuración General, desde el Ejecutivo Nacional surgió un proyecto para reformular la ley del Ministerio Público Fiscal. Con el paso del tiempo, ese plan fue perdiendo fuerza y hoy ha dejado de ser una prioridad, según le confiaron fuentes oficiales a El Cronista. El intento por nombrar a la jueza del tribunal superior porteño prevalecerá por encima del cambio de la ley.

Cuando todavía estaba Alejandra Gils Carbó en el cargo, el presidente Mauricio Macri creía que la única forma de que dejara su cargo la procuradora que él definía como "militante del kirchnerismo" era modificar el estatuto que rige para los jefes de fiscales. Actualmente de 59 años, Gils Carbó tenía por delante más de 15 en su cargo con la ley actual del Ministerio Público, que prevé mandatos hasta los 75 por buena conducta -renovable por otros cinco con acuerdo del Senado- a menos que se demuestre lo contrario en un jurado de enjuiciamiento.

Ante la negativa a renunciar de la entonces procuradora, la estrategia que diseñaron los funcionarios de más peso jurídico en el Gobierno fue, directamente, un plan para avanzar en el Congreso con el cambio de la ley orgánica del cuerpo. En noviembre del año pasado, con el apoyo de un sector del justicialismo, se presentó en el Senado un proyecto para modificar el mandato a cinco años de duración y que habilitaba al Ejecutivo a removerlo por decreto. Pero también preveía que al candidato al cargo lo definiera la mitad más uno de los integrantes de la Cámara Alta, cuando en la actualidad se necesitan los dos tercios de los miembros.

El proyecto se congeló en el Congreso ante la falta de apoyo, pero a esa altura en Casa Rosada habían recibido la noticia que tanto esperaba. Acechada por denuncias en su contra, Gils Carbó renunció a su cargo y desde el 1 de enero de este año empezó formalmente el interinato de Eduardo Casal. Así, mientras pensaba en un reemplazo, el Gobierno no tenía la necesidad de apurar una reforma que, principalmente, promovía para acortar el mandato de Gils Carbó.

La postulación de Weinberg de Roca, que todavía se encuentra en la etapa de impugnaciones, tiene que ver en buena parte con que, creen en Balcarce 50, no buscará eternizarse en el cargo. La jueza cumplirá 70 años en diciembre y, por ley, sólo podría ser procuradora hasta diciembre de 2023, exactamente el mismo tiempo que contemplaba la ley que impulsaban en el Ejecutivo.

Mientras, en el Gobierno creen que el Congreso podría tratar el pliego de Weinberg recién después del mundial de fútbol, es decir, a partir de agosto. Confían en Casa Rosada que lograrán adhesiones que todavía son inciertas, como la del influyente jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, que se reunió por este tema con Macri en marzo. Y, ante las sospechas opositoras de que sea una funcionaria afín al Gobierno, aseguran que la magistrada tiene el perfil para ser una procuradora "independiente", que no responda a Comodoro Py.