En medio de la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno pasó la motosierra por la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de ejecutar la defensa del Estado Argentino. La medida se dio a conocer horas después de que trascendieran sospechas de filtración de información por parte de los empleados del cuerpo, lo cual generó repercusiones, pero quienes tienen información o intereses interpuestos por el caso siguen al frente de la Procuración. El juicio que afronta la Argentina contra los fondos Burford Capital y Eton Park ante la Justicia de Estados Unidos tiene como principal interpelado al propio Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, designado por el asesor presidencial Santiago Caputo tras la abrupta salida de Rodolfo Barra. El joven abogado especialista en derecho administrativo se excusó del caso justamente por haber sido socio de Alberto Bianchi, un abogado que jugó un rol clave en el litigio por la petrolera que le podría costar a la Argentina 16.100 millones de dólares, según el fallo en primera instancia de la juez Loretta Preska. Ambos trabajaron juntos en un bufete llamado Bianchi, Galarce & Castro Videla, y Bianchi fue un testimonio en defensa de Burford, el principal beneficiario por la expropiación de YPF. Es por esto que, en el lugar de Videla, quien lleva a cargo el juicio es el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, quien comparte su rol junto con Julio Pablo Comadira. También hay otro nombre de peso frente al caso y que durante las últimas horas fue confirmado por el Ejecutivo: el de la titular de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, Mariana Mabel Lozza, quien fue ratificada como tal a través de una prórroga publicada este mismo viernes en el Boletín Oficial, al día siguiente de la reestructuración. La especialista en derecho internacional público conoce de lleno el caso por YPF, puesto que también trabajó en él desde abril del 2013 hasta julio del 2017 como subdirectora de esa área, luego fue desplazada durante el gobierno de Mauricio Macri, y volvió como directora bajo la gestión de Alberto Fernández en 2020. No queda claro si Lozza va a continuar, de todos modos, puesto que todas las prórrogas que efectuaron este viernes, pese a que fueron posteriores al decreto de reestructuración, podrían corresponder al esquema viejo, según alertaron fuentes de la Procuración del Tesoro. En el caso de Lozza, su prórroga corresponde desde el lunes 16 de julio del 2025 por otros 180 días. Todas las designaciones tienen ese mismo plazo y generalmente se renuevan, por lo que en el mapa de la Procuración hay profesionales que provienen de gestiones distintas. Una alta fuente de Casa Rosada que dejó entrever que estaban realizando una investigación interna porque sospechaban que empleados que podrían tener acceso a la información del caso estaban vendiéndola a la otra parte y que eso habría motivado a la reestructuración, pero los cambios no tocaron áreas sensibles en ese sentido. "Estos juicios los llevan el Procurador y cuatro abogados. Históricamente es así. Además, no hay información confidencial: en el Discovery (el proceso formal de intercambio de información entre las partes en un juicio) la otra parte tiene todo el derecho de estar al tanto de todo", cuestionó una fuente de alto expertise en la Procuración en diálogo con El Cronista. La reestructuración, por caso, eliminó la Escuela Pública de Abogados para, en su lugar, convertirla en una coordinación llamada Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). El cambio es más bien para bajarle jerarquía a la Escuela encargada de capacitar a los abogados de la administración pública, que conforman alrededor del 70% de todo el Estado. Las fuentes advirtieron que esta medida no implica un ahorro de alta talla, aunque sí había carga ideológica en cómo se manejaba esa escuela. "Son cambios cosméticos que no ahorran nada", consideraron. Según el decreto del Ejecutivo, esta conducción académica estará a cargo del comité presidido por el Procurador e integrado por los titulares de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger; de la secretaría de Justicia del ministerio de Mariano Cúneo Libarona -del cual depende la Procuración como órgano desconcentrado-; un funcionario con rango equivalente o superior al Subsecretario en representación del Ministerio de Economía; y por quien ejerza la titularidad de esta coordinación. Por caso, una de las prórrogas efectuadas el último viernes es la de Ezequiel Ábasolo como director nacional de la Escuela de Cuerpo de Abogados. Desde el organismo son herméticos sobre si esto implicaría que queda como titular de la coordinación, en su defecto, ya que no quieren adelantar nada hasta que salga en el Boletín Oficial. Otro de los cambios efectuados tiene que ver con la unificación de dos direcciones: la de Sumario y la Auditoría. La primera funciona como una instancia de apelación para evaluar el mal comportamiento y la segunda controla todos los juicios del Estado para verificar que no se cometan errores. Al frente de la primera estaba Hector Fassi, quien finalmente quedaría fuera del nuevo organigrama ya que no figura su prórroga en el BO. Ahora habrá un solo director, el de Auditoría, al que continuaría Leandro Chillier, mientras que la subdirección de ese área quedaría a cargo de José Alberto García y como subdirectora de Sumarios e Investigaciones Administrativas también seguiría María Alejandra Galatro, quien funcionaba como la segunda de Fassi. A priori, así lo describen las prórrogas de este viernes. También figura José Miguel Abdala como director de Asuntos Judiciales, pero no hay nombre para la de Dictámenes aún. En definitiva, y al margen de quiénes presidan la nueva estructura de la Procuración, las fuentes consultadas consideraron que se tratan de "cambios estéticos y que no ahorran plata". El segundo argumento, en ese sentido, es el que llevaron a cabo oficialmente desde la Procuración, ya que el anuncio fue de la mano de un comunicado que ratifica sobre el ahorro del personal, la reducción de unidades jerárquicas "innecesarias", la reorganización de funciones "superpuestas" con el fin de aplicar una "nueva política de ahorro y reasignación de recursos". "La reestructuración de la Procuración del Tesoro es previa a la versión de unas supuestas filtraciones. Nada tiene que ver con eso", desmintió finalmente el el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que durante los últimos días, ante la consulta de este medio, nadie en Presidencia pudo precisar sobre cuándo fue que idearon el nuevo esquema. Lo que aún asoma como contradictorio es que las designaciones efectuadas en el BO el pasado viernes, después del anuncio, correspondan al esquema viejo si casitodas las fechas son de esta semana: la de Chiller es a partir del 14 de julio, la de Lozza el 16; la de Ábasolo del 11, y la de García desde el 17. La más anterior es la de Galatro, que se aplica desde el 1 de julio.