La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dictó una nueva sentencia que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocara el fallo que había establecido una indemnización de más de u$s 16.000 millones.
La resolución formaliza en el expediente de primera instancia las consecuencias de la decisión favorable al Estado argentino y representa un nuevo paso en el desenlace de uno de los litigios más costosos que enfrentó el país en el exterior.
En el documento, fechado el 19 de octubre, Preska ordenó que la parte de su sentencia del 15 de septiembre de 2023 que había concedido una indemnización por incumplimiento contractual contra la Argentina quedara anulada. El texto establece: “The portion of this Court’s Final Judgment dated September 15, 2023 granting judgment to Plaintiffs on their claim for breach of contract against defendant the Argentine Republic is VACATED and that claim is dismissed”. En español, la jueza dispone que esa parte de la sentencia queda sin efecto y que el reclamo contra el Estado argentino es desestimado.
La resolución se dictó en cumplimiento del fallo que la Cámara de Apelaciones emitió el 27 de marzo de 2026. En aquel pronunciamiento, el tribunal revocó la condena contra la Argentina y confirmó la decisión favorable a YPF, que había quedado al margen de la responsabilidad indemnizatoria.
Preska también dejó asentado que la sentencia de primera instancia que había rechazado los reclamos contra la petrolera permanece firme.
El alcance de la medida debe leerse junto con la instancia que todavía buscan abrir los demandantes. Petersen Energía Inversora y Eton Park, los antiguos accionistas que impulsaron la demanda, presentaron el 1 de octubre una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo de la Cámara de Apelaciones y restablezca la indemnización. Por eso, la nueva resolución formaliza la anulación de la condena en el tribunal de primera instancia, pero no permite afirmar por sí sola que se agotaron todas las vías judiciales posibles.
Desde el Gobierno relativizaron el alcance de la resolución y la describieron como un paso procesal esperado. Según explicaron, la decisión forma parte del proceso de cierre del expediente en primera instancia y no modifica el resultado favorable que la Argentina obtuvo en la Cámara de Apelaciones.
Los demandantes intentaron demorar ese desenlace con distintas presentaciones judiciales.
Cómo empezó el juicio por la expropiación de YPF
La disputa se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. Los demandantes sostuvieron que la Argentina incumplió los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición por las acciones de los restantes accionistas, como entendían que correspondía ante el cambio de control.
Petersen Energía y Eton Park, que en conjunto habían tenido una participación del 25,4% en la petrolera, iniciaron la demanda en 2015 ante los tribunales de Nueva York. El caso se tramitó en Estados Unidos porque las acciones de YPF cotizan en la Bolsa de Nueva York y la controversia quedó sometida a la jurisdicción de esos tribunales.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y ordenó que la Argentina pagara alrededor de u$s 16.100 millones. El monto incluía unos u$s 8.400 millones en concepto de daños y perjuicios y aproximadamente u$s 7.600 millones en intereses. La sentencia consideró que el Estado había incumplido las obligaciones previstas en los estatutos de YPF al tomar el control de la compañía sin ofrecer a los accionistas minoritarios las mismas condiciones.
La Argentina apeló la decisión y sostuvo que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. La discusión llegó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el 27 de marzo de 2026 revirtió la condena. El tribunal entendió que los reclamos contractuales debían resolverse conforme al derecho argentino y que no correspondía sostener la responsabilidad del Estado en los términos establecidos por la jueza de primera instancia.
El fallo de marzo también despejó el riesgo de que la Argentina tuviera que transferir su participación accionaria en YPF para afrontar la sentencia. Esa posibilidad había sido ordenada por Preska en 2025 como mecanismo de ejecución del fallo indemnizatorio y constituía una de las consecuencias de mayor impacto potencial para el control estatal de la petrolera.
La última vía de los demandantes
Después de la decisión de la Cámara, Petersen Energía y Eton Park buscaron que la Corte Suprema estadounidense revisara el caso. Su petición procura restablecer la condena y cuestiona el criterio utilizado por el tribunal de apelaciones para resolver la controversia a partir del derecho argentino.
La nueva sentencia de Preska se inscribe en ese escenario: el tribunal de primera instancia adecua formalmente su decisión al pronunciamiento superior, mientras los demandantes mantienen su intento de revertirlo ante la máxima instancia judicial estadounidense. Para que la condena original vuelva a tener efecto, los fondos necesitan conseguir que la Corte Suprema intervenga y modifique el resultado de la apelación.
La disputa judicial, que comenzó hace más de una década, entró así en una etapa distinta. La Argentina obtuvo en marzo una victoria decisiva al conseguir que se revocara la indemnización multimillonaria, y la resolución del 19 de octubre formalizó ese resultado en el expediente de Preska. La última palabra sobre una eventual revisión dependerá ahora de los pasos que adopte la Corte Suprema de Estados Unidos.