Acuden a la Justicia contra una decisión de Servini y presentan la primer class action en EE.UU.

Mientras la presencia mediática del caso LIBRA empieza a diluirse con el escándalo en manos de la Justicia argentina, los denunciantes vuelven a la carga con el pedido a la jueza María Servini para ser tomados como querellantes en el expediente. Mientras tanto, en el plano externo hubo novedades ante la Justicia de los Estados Unidos, una vez más. En Argentina, la causa se encuentra en Comodoro Py, con el fiscal Eduardo Taiano orquestando la investigación. Así y todo, el dominio del expediente no está exento de disputa. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, reclamó el expediente a través de una resolución bajo el argumento que el tuit presidencial del 14 de febrero se publicó desde la Quinta de Olivos, que se ubica bajo su jurisdicción. A diferencia de Salgado, que ya aceptó la semana pasada a un grupo de denunciantes bajo la representación del dirigente radical Agustín Rombolá como querellantes, en el caso de Servini se rechazaron los pedidos en ese sentido tras sostener que aún no se había comprobado la comisión del delito y, por ende, de los particulares afectados por lo que se ha denunciado como una estafa organizada. Uno de los que apeló la decisión de Servini fue el dirigente social Juan Grabois. Desde su organización Argentina Humana también patrocinó a cerca de 40 personas que perdieron dinero al creer en LIBRA por el tuit presidencial. Este último dato no es menor porque incluso marca una diferencia -acorde con sus abogados- con los fondos de inversión acostumbrados a la lógica del riesgo financiero en estas operaciones. Tras cuestionar la resolución de la jueza federal de Comodoro Py, Grabois apeló ante segunda instancia para que se revierta la decisión y se los acepte como parte en la causa. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en Comodoro Py lo citó para presentarse hoy, martes 18 de diciembre, con el fin de argumentar su posición. No todos los damnificados buscan figurar como querellantes en la causa. De hecho, se estima que en el conjunto representado por el dirigente social calculan que unastres personas estarían dispuestas a dar ese salto para convertirse en actores que impulsen la investigación. A futuro, podrían sumar hasta otros diez denunciantes más bajo esta figura si la Cámara le ordena a Servini dar marcha atrás con su veto a los querellantes. En rigor, no se trata solo de un cambio de etiquetas ya que los querellantes pueden solicitar medidas de prueba en la causa y, al menos, deben recibir alguna respuesta a cambio, sea favorable o la argumentación por la negativa. En cambio, los denunciantes tan solo proponen una serie de requerimientos de prueba -desde allanamientos hasta el secuestro de dispositivos electrónicos de los presuntos involucrados- como lo hicieron las múltiples presentaciones. Taiano hizo caso omiso a muchas de esas solicitudes de medidas de prueba y demoró demasiado en adoptar otras, cuestionan diversos denunciantes con los que dialogó El Cronista. Incluso el propio Grabois lo planteó en un tuit temprano en la mañana. "¿No les sorprende que con la cantidad de pruebas, testimonios, revelaciones, acá no pasa nada? ¿No es raro que el que tiene a cargo la investigación -el Fiscal Taiano- se tome veinte días desde que le cayó el expediente para secuestrar computadoras y celulares de "segundas líneas" de la bandurria de Milei (Mauricio Novelli y Sergio Morales)? "Hay pibes laburantes que confiaron en el Presidente", comentaron a El Cronista en Argentina Humana. Y fundamentan su apelación -parte de lo que Grabois alegará ante el tribunal de alzada- que todas las causas de estafas cripto en Argentina -ejemplifican con los casos Binance y Cositorto- tienen querellantes en el expediente. Desde Argentina Humana también presentaron una denuncia ante la SEC -el equivalente a la Comisión Nacional de Valores en EE.UU.- y el FBI. No fueron los únicos. También el estudio de abogados Moyano & Asociados siguió el mismo camino. De hecho, fue en el norte donde se avanzó con mayor énfasis sobre el círculo presidencial apuntando al exasesor de la CNV Sergio Morales -vinculado a Karina Milei- que debió presentar su renuncia al organismo la semana pasada. Una diferencia clave entre la investigación que plantea Servini y la que encara Arroyo Salgado -a partir de una denuncia radicada el 17 de febrero por Juan Ricardo Mussa- es el rol que se asigna al presidente Javier Milei y su tuit en el proceso de presunta estafa. También amplía el radio de responsabilidad a otros funcionarios nacionales, entre ellos, la hermana presidencial, Karina Milei. "A criterio del Tribunal, posee singular relevancia -en términos de configuración de la realidad acontecida luego, cuestión que resulta de público conocimiento- la difusión vía Twitter de una publicación efectuada el viernes 14 de febrero del corriente, aproximadamente a las 19 horas, en la cuenta personal del Presidente de la Nación, la cual indudablemente se materializó desde la Residencia Presidencial de Olivos, emplazada en jurisdicción territorial de este Juzgado Federal", resalta Arroyo Salgado en su resolución. Y añade: "Es decir, la conducta central de la presunta maniobra delictiva hasta ahora conocida se materializó dentro del ejido jurisdiccional de este Juzgado Federal". De ahí que no solo rechazó la declinatoria de competencia solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, sino que dobló la apuesta y requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de Servini, que "se inhiba de continuar interviniendo en la causa CFP 574/2025" y en consecuencia la remita a su sede jurisdiccional para unirla a la causa FSM 1937/2025. El lunes por la noche, la firma de abogados especializados en denuncias de estafas cripto Burwick Law, que había anunciado hace unas semanas que avanzaría con una class action (acción colectiva), concretó su planteo ante la Corte Suprema de Nueva York. Apuntaron hacia el conjunto de empresario cuyos nombres figuran también en el expediente en Argentina como parte de una presunta operación orquestada para delinquir. "Esta noche, nuestra firma presentó una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Nueva York en nombre de nuestro cliente. Alegamos que Kelsier, KIP, Meteora y partes relacionadas orquestaron un lanzamiento injusto del token ($LIBRA), supuestamente engañando a los compradores y perjudicando a los inversores minoristas", postearon. Según la información difundida desde las redes por Burwick, la denuncia detalla cómo se utilizaron fondos de liquidez unilaterales para "inflar artificialmente el precio de LIBRA". Además, alegan que aproximadamente el 85 % del suministro se retuvo en el lanzamiento, lo que permitió que los inversores internos se beneficiaran mientras que los compradores habituales asumían las pérdidas, describen. "Nuestra presentación alega que estas tácticas, junto con omisiones sobre las verdaderas estructuras de liquidez, privaron a los inversores de información esencial", remarcan en un hilo de tuits. Y puntualizan que "como se indica en la demanda, esto supuestamente provocó un rápido desplome del valor del token LIBRA después de que personas con información privilegiada retiraran en secreto millones de dólares en activos estables".

Acuden a la Justicia contra una decisión de Servini y presentan la primer class action en EE.UU.

Un grupo de denunciantes se presenta ante la Cámara Nacional para defender la apelación contra el veto de la jueza federal, a quien le disputan la causa. Novedades en la class action en Nueva York

Mariano Beldyk

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