Sólo 126 días restan para que concluya el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández y comience un nuevo ciclo político en la Argentina. No se trata de un pronóstico que predice el apocalípsis del Gobierno en las próximas elecciones, sino de una realidad irrefutable: cualquiera sea el próximo presidente argentino, ninguno se apellidará Kirchner por primera vez desde 2003.


Obviamente sucederá si los próximos presidentes son, por ejemplo, Mauricio Macri o Sergio Massa, pero aun siendo electo Daniel Scioli, se espera un giro en la conducción. Se impone la necesidad de un diálogo que se extiende hacia el resto de los sectores políticos, pero que también tiene que ver con un acercamiento de posiciones con actores hostiles para el oficialismo en los últimos años, como el empresariado y, principalmente, la Justicia. Pero en ese contexto, el kirchnerismo tiene un plan bien trazado.


La decisión de que Carlos Zannini sea el compañero de Scioli obedece a un claro intento de la Rosada de seguir influyendo en la agenda diaria de un eventual próximo Gobierno, y de no descuidar temas sensibles como los que sobresalen en la justicia federal vinculados a funcionarios kirchneristas, incluida la propia Presidenta de la Nación.


Desde el 11 de diciembre, Cristina dejará de tener fueros al menos por dos años, cuando muchos creen, pueda postularse como candidata a alguna banca legislativa. Es un riesgo que en el Gobierno eligieron correr, pues entienden que la acusación por Hotesur la roza de costado, como sucedió con la denuncia por encubrimiento en la causa que investiga el memorándum con Irán por AMIA que radicó en su contra el fallecido fiscal Alberto Nisman y que se diluyó sin convertirse en un expediente.


La situación es diferente en el caso de su hijo Máximo, quien aparece como uno de los principales involucrados en la trama que investiga irregularidades en la empresa que administra los hoteles familiares. De allí que tras mucho tiempo en las sombras, el primogénito se haya decidido a ser precandidato a diputado por Santa Cruz. Tendrá fueros si es electo, y no podrá ir a prisión. Un bálsamo para el Gobierno en esa causa es que ya no la tramite el juez Claudio Bonadio, sino Daniel Rafecas, el magistrado que se negó a investigar la denuncia de Nisman.