En un escenario marcado por la centralidad del equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y la estabilización nominal, es necesario reinstalar en la agenda pública un objetivo estratégico que ha sido relegado: la reactivación del mercado interno como condición indispensable para la generación sostenida de empleo genuino y la consolidación de un desarrollo económico con inclusión social.
Desde una perspectiva macroeconómica, la estabilidad de las variables nominales es, sin duda, una condición necesaria. Pero no es suficiente. La historia económica argentina demuestra que los momentos de mayor bienestar no se explicaron únicamente por el orden de las cuentas públicas, sino por la capacidad de dinamizar simultáneamente la inversión, el consumo y la producción local. La expansión de la demanda agregada y en particular, de la demanda interna, es la herramienta más eficiente para impulsar la actividad económica y con ella, el empleo formal en sectores intensivos en mano de obra.
El mercado interno no debe ser interpretado únicamente como un componente más de la estructura económica, sino como un espacio de reproducción social. Es el entramado en el que millones de trabajadores, pymes, cooperativas y productores regionales despliegan su actividad. Su fortalecimiento es clave para asegurar una mejora sostenida en los niveles de ingreso, reducir la informalidad laboral y disminuir la dependencia estructural de las oscilaciones del mercado externo. No se trata de oponer exportación e industria local, sino de integrarlas en una estrategia de desarrollo nacional equilibrado.
Para ello, la articulación entre los distintos niveles del Estado es determinante. Los gobiernos locales, municipales y provinciales, tienen un rol protagónico en la activación de economías de cercanía, la promoción de circuitos cortos de comercialización, el estímulo a la producción local y la implementación de políticas públicas orientadas a la generación de empleo y el desarrollo territorial. Sin embargo, este esfuerzo encuentra un límite objetivo si no está acompañado por condiciones macroeconómicas estables y reglas de juego que alienten la inversión productiva.
En este sentido, la política económica nacional debe asumir su responsabilidad en la construcción de un entorno que favorezca la recuperación del ingreso real, el acceso al crédito, la simplificación tributaria para el sector pyme y la protección de sectores sensibles frente a shocks externos. Asimismo, la inversión pública, particularmente en infraestructura urbana y logística, debe ser concebida no sólo como motor de corto plazo, sino como instrumento de transformación estructural del aparato productivo.
Este tipo de abordaje exige madurez política. La fragmentación institucional y el clima de polarización permanente resultan incompatibles con la formulación de acuerdos estratégicos que trasciendan el calendario electoral. La lógica de confrontación permanente, expresada en descalificaciones, simplificaciones ideológicas y hostilidad discursiva, erosiona la legitimidad de los actores políticos y debilita la posibilidad de construir consensos orientados al bien común.
La historia económica argentina demuestra que los momentos de mayor bienestar no se explicaron únicamente por el orden de las cuentas públicas, sino por la capacidad de dinamizar simultáneamente la inversión, el consumo y la producción local.
En lugar de reproducir falsas antinomias, Estado o mercado, Nación o provincias, déficit cero o justicia social, es hora de reconocer que el desarrollo requiere de un nuevo pacto federal, productivo y democrático. Uno que permita alinear incentivos entre jurisdicciones, actores sociales y sectores económicos y que reconozca que la inclusión no es un costo, sino una inversión en estabilidad y paz social.
La política, lejos de ser un obstáculo, debe recuperar su centralidad como herramienta de diseño, conducción y articulación de ese proceso. Y la participación ciudadana, lejos de ser un adorno institucional, debe constituirse como garantía de control, transparencia y orientación de las políticas públicas. La salida de la crisis no será fruto de la espontaneidad del mercado ni de la voluntad de iluminados: será el resultado de decisiones políticas sostenidas, democráticamente legitimadas y técnicamente consistentes.
El país necesita reconstruir un horizonte de esperanza. Y ese horizonte se construye desde abajo, desde el trabajo, desde el consumo popular, desde el tejido productivo nacional. Reactivar el mercado interno no es solo una medida económica: es una apuesta estratégica por el desarrollo con equidad. Y es una tarea que nos convoca a todos: Estado, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía. Porque si no hay bienestar en la vida cotidiana de la gente, ningún indicador macroeconómico tendrá sentido. Y es ahora. Porque cada día que pasa sin hacer nada, es un día más en que una persona pobre sigue siéndolo. Y eso, en una Nación que quiere ser justa, debiera dolernos a todos.