La decisión de intervenir y expropiar una empresa privada de las características de Vicentin va a dejar una marca difícil de borrar en el manual de políticas públicas adoptado por Alberto Fernández. Una vez más, la dirigencia argentina se ha dejado seducir por la posibilidad de que el Estado tenga una empresa testigo en un sector clave como es la exportación de cereales y aceites. Es una fascinación que domina por igual a políticos y economistas, que creen que solo se trata de encontrar el modelo adecuado de gestión. Que si en el pasado las empresas administradas por el sector público fueron un lastre difícil de remover, fue por la incompetencia de quienes asumieron esa tarea. O porque la Argentina chocó con alguna de sus crisis cíclicas.

El Gobierno se para en una primera justificación para avanzar con esta decisión: no se está disponiendo la expropiación de una empresa exitosa, sino de una compañía que estaba en concurso de acreedores, cuyo principal prestamista es el Banco Nación. Es un buen punto. En momentos en el que la pandemia pone en riesgo a miles de compañías, el Estado sale a rescatar una firma quebrada, que afectaba a cientos de productores agrícolas de Santa Fe. Pero esa razón es solamente táctica.

Un proyecto legislativo que el propio Fernández descalificó proponía que el Estado absorbiera acciones de las empresas a las que les daba asistencia. Estados Unidos había hecho algo similar en 2008, como aportes de capital a grandes corporaciones, como las automotrices, y lo replicó Francia en esta crisis. Su defensora, Fernanda Vallejos, remarcó que no apuntaba a una confiscación, y precisó que la ANSeS tenía acciones de varias empresas de envergadura sin que nadie se escandalizara. Para ser honestos, el revuelo se armó cuando se estatizaron las AFJP que eran dueñas de esas tenencias.

Como demuestra el anuncio de ayer, el problema con la iniciativa mencionada no era el rumbo, sino la escala. Hay varias formas de rescatar a una empresa en problemas sin saltear los mecanismos previstos en la regulación. El juzgado que administra el concurso de acreedores de Vicentin estaba recibiendo propuestas de otras empresas privadas, lo que hubiera resultado –en caso de prosperar- en una solución de mercado que no alteraría el ánimo inversor. Pero acá es donde entra en juego el sentido estratégico de la medida. La compañía era una trader argentina en un mercado dominado por multinacionales.

Al Gobierno le interesa no solo poner de pie a Vicentin, sino utilizar su operatoria como referente para el resto de los actores, ya que comercia insumos esenciales para la industria alimentaria. Y como si fuera poco, aporta dólares al mercado cambiario. Sus activos serán gerenciados por una controlada de YPF, otra empresa testigo. Esta vez, se prometen, será distinto. La historia no opina lo mismo.