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una vivienda en Colombia puede parecer un proceso sencillo, pero algunos contratos esconden disposiciones que colocan a los inquilinos en una situación de desprotección legal. Una de las más preocupantes es la cláusula que permite al arrendador terminar el contrato y solicitar
el desalojo del inmueble
sin cumplir con los procedimientos
.
Este tipo de prácticas, cada vez más comunes en el mercado inmobiliario, aprovechan la falta de conocimiento jurídico de los propietarios y los vacíos en la supervisión de los contratos. Como resultado, muchos inquilinos se enfrentan a desalojos inesperados o a incrementos de renta injustificados, sin saber que la ley los protege.
La clave está en conocer a fondo estas cláusulas abusivas, cómo afectan a los derechos del inquilino y qué pasos se pueden tomar para evitar caer en esta trampa legal.
¿Cuál es la cláusula que deja desamparados a los inquilinos?
De acuerdo con abogados especializados en derecho inmobiliario, algunas cláusulas contractuales estipulan que el propietario puede poner fin al contrato en cualquier momento si considera que el inquilino ha incumplido con alguna condición "moral o de convivencia", sin necesidad de una decisión judicial.
Esto contradice lo establecido por la Ley 820 de 2003, que regula los arrendamientos de vivienda urbana y establece procedimientos claros para terminar un contrato. Según la norma, el propietario solo puede solicitar la restitución del inmueble por causales específicas -como falta de pago, subarriendo sin autorización o daños al bien- y debe hacerlo mediante un proceso judicial de restitución de inmueble arrendado.
Sin embargo, muchos arrendadores están incluyendo estas cláusulas para presionar a los inquilinos o acelerar desalojos sin seguir el debido proceso.
El "desalojo exprés" que preocupa a los expertos
Cuando se firma un contrato con este tipo de cláusulas, el arrendatario puede perder el derecho a defenderse ante un juez civil, quedando sujeto a una terminación inmediata del contrato. En algunos casos, los propietarios recurren a notarías o a acuerdos privados para justificar el retiro del inquilino, aunque legalmente estos mecanismos no sustituyen al proceso judicial.
Los especialistas advierten que esto genera un desequilibrio de poder, ya que el inquilino se ve obligado a abandonar la vivienda o enfrentar procesos extrajudiciales costosos y desgastantes.
Qué dice la Ley 820 de 2003
La ley establece que ningún propietario puede desalojar a un inquilino sin orden judicial. Además, fija un preaviso mínimo de tres meses cuando el arrendador desea recuperar el inmueble al finalizar el contrato, siempre y cuando exista una causal válida.
También prohíbe expresamente cualquier cláusula que implique la renuncia de derechos del arrendatario, por lo que estas disposiciones podrían considerarse nulas de pleno derecho.
Cómo pueden protegerse los inquilinos
Los expertos recomiendan tomar precauciones antes de firmar un contrato de arrendamiento para evitar caer en esta trampa legal. Estas son algunas medidas clave:
- Leer con atención cada cláusula antes de firmar.
- Consultar con un abogado especializado o con la Personería o Defensoría del Pueblo de su ciudad si hay dudas sobre el contenido del contrato.
- Negociar los términos: si se detecta una cláusula abusiva, solicitar su eliminación o modificación.
- Denunciar ante las autoridades competentes, como la Superintendencia de Industria y Comercio, si el arrendador intenta hacer efectivo un desalojo irregular.