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Los gobernadores de los 32 departamentos de Colombia expresaron su rechazo al decreto del Gobierno nacional que incrementa el impuesto al consumo de licores y cigarrillos en el marco de la emergencia económica. La posición fue fijada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que advirtió que la medida afecta directamente las finanzas territoriales y desconoce la autonomía fiscal de las regiones.
El pronunciamiento abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios regionales. Los gobernadores sostienen que estos impuestos constituyen una de las principales fuentes de ingresos departamentales y que cualquier modificación debe discutirse con las autoridades locales, especialmente en un contexto económico complejo y con presiones sobre el gasto social.
Gobernadores rechazan el alza de impuestos a licores y cigarrillos
La FND informó que los gobernadores rechazan el decreto que eleva los gravámenes sobre licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado. Según la Federación, la decisión fue adoptada sin una concertación previa con las regiones y puede generar un impacto negativo en la sostenibilidad fiscal de los departamentos.
En su comunicado, los mandatarios señalaron que estos tributos financian sectores clave como salud, educación y deporte, y que una intervención desde el nivel central pone en riesgo la planificación presupuestaria local. También advirtieron que la medida podría provocar una reducción real del recaudo si se altera el equilibrio del mercado legal.
Los gobernadores plantearon que el decreto introduce un enfoque centralista en materia tributaria y que, bajo la figura de la emergencia económica, se están tomando decisiones que afectan competencias históricas de los departamentos.
¿Por qué el decreto genera preocupación en las regiones?
El decreto expedido por el Gobierno hace parte de un paquete de medidas tributarias temporales orientadas a reforzar el recaudo nacional durante la emergencia económica. Entre sus disposiciones se encuentran ajustes en las tarifas y reglas del impuesto al consumo, un tributo que por ley pertenece a los departamentos.
Desde las regiones, el principal argumento es que el aumento de impuestos puede trasladarse al precio final de los productos, lo que a su vez podría incentivar el contrabando y la comercialización ilegal de licores y cigarrillos. Este fenómeno, según los gobernadores, no solo reduce los ingresos legales, sino que también incrementa los riesgos para la salud pública.
Además, los mandatarios departamentales alertaron que un mayor precio al consumidor puede disminuir el consumo de productos legales y afectar industrias locales, especialmente en departamentos con producción licorera propia o con alta dependencia de estos ingresos para su presupuesto anual.
El trasfondo fiscal y el debate por la autonomía territorial
La discusión sobre los impuestos al consumo se inscribe en un debate más amplio sobre la relación fiscal entre la Nación y los territorios. Históricamente, los departamentos han defendido estos tributos como una herramienta clave para financiar sus competencias sin depender de transferencias del nivel central.
En este contexto, los gobernadores sostienen que cualquier modificación estructural o coyuntural de estos impuestos debe hacerse mediante un diálogo institucional y no a través de decretos de emergencia. Para la FND, el uso de esta figura excepcional no debería afectar ingresos que ya están comprometidos en planes y programas regionales.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para garantizar recursos en un escenario económico adverso. Sin embargo, el rechazo de los gobernadores evidencia las dificultades para alinear los objetivos de recaudo nacional con la autonomía fiscal de los departamentos, un tema que seguirá en discusión mientras se mantenga vigente el decreto.
