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Lo que comenzó como una travesura entre adolescentes ha escalado a una disputa legal y mediática que pone en tela de juicio las prácticas disciplinarias en las instituciones educativas colombianas.
Cuatro estudiantes del Colegio Alemán de Barranquilla fueron sancionados por una broma conocida como el "peo atómico", lo que ha generado indignación entre padres, autoridades y la opinión pública.
El incidente, ocurrido el 14 de marzo, involucró la liberación de un gas fétido en un salón de clases, afectando a dos profesoras. La respuesta del colegio incluyó suspensiones de hasta 30 días y la prohibición de participar en la ceremonia de graduación, medida que ha sido calificada de desproporcionada por las familias afectadas.
Sanción desproporcionada: la controversia que sacude al Colegio Alemán
La abogada Judy Henao, madre de uno de los estudiantes sancionados, ha liderado las denuncias contra el colegio, argumentando que sus hijos ya habían cumplido una sanción y que excluirlos de la graduación constituye una doble penalización.
"No se puede justificar una sanción adicional de carácter simbólico y emocional tan fuerte como la exclusión de un acto de cierre académico", afirmó Henao en declaraciones recogidas por Publimetro.
Además, Henao ha señalado irregularidades en el proceso disciplinario, incluyendo el uso de pruebas sin respaldo legal. Una acción de tutela interpuesta por ella permitió que su hijo asistiera a la ceremonia, pero los otros tres estudiantes no obtuvieron fallos favorables, lo que ha motivado una solicitud ante la Corte Constitucional para garantizar el derecho a la igualdad de trato.
Reacciones institucionales y el impacto en la comunidad educativa
El Ministerio de Educación Nacional se pronunció sobre el caso, calificando de "excesiva" la medida de excluir a los estudiantes del acto de grado y ofreciendo su mediación para resolver el conflicto.
Sin embargo, las familias denuncian una actitud poco conciliadora por parte del colegio, al que acusan de mantener una postura "inquisitiva" y de actuar como "juez y parte".
La ceremonia de graduación, realizada el sábado siguiente al fallo judicial, se llevó a cabo sin la presencia del rector ni del cuerpo docente, quienes delegaron la entrega de diplomas a funcionarios administrativos, lo que fue interpretado por los padres como una represalia adicional.
"Nunca antes en la historia de este colegio había pasado algo así", expresaron los padres en declaraciones recogidas por NoticiasBQ.
Un debate nacional sobre disciplina y derechos estudiantiles
Este caso ha abierto un debate más amplio sobre la proporcionalidad de las sanciones escolares y el respeto a los derechos de los estudiantes. Organizaciones de derechos humanos y expertos en educación han señalado la necesidad de revisar los manuales de convivencia para evitar sanciones que puedan afectar el bienestar emocional de los alumnos.
Mientras tanto, las familias de los estudiantes continúan su lucha legal y mediática, insistiendo en que ningún manual de convivencia puede estar por encima de la Constitución Nacional y haciendo un llamado al colegio para que actúe con humanidad y empatía.