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El Gobierno colombiano quedó en el centro del debate político y jurídico tras expedir un decreto que elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer tutelas contra el presidente. Desde ahora, estas acciones pasarán a ser revisadas por jueces de circuito o de igual jerarquía, lo que ha generado preocupación sobre una posible pérdida de equilibrio en los controles institucionales.
La medida fue firmada el pasado 9 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Diversos sectores advierten que este cambio podría debilitar la capacidad de fiscalización judicial sobre el mandatario, en un momento en que se acusa al Gobierno de concentrar poder en distintas ramas del Estado.
El nuevo decreto elimina la revisión de tutelas por parte del Consejo de Estado
El decreto establece que las acciones de tutela contra autoridades nacionales sin funciones jurisdiccionales, como el presidente, serán conocidas por jueces ordinarios. Esto reemplaza la disposición vigente desde 2015, cuando se asignó esa competencia al Consejo de Estado, tribunal que hasta ahora actuaba como instancia especializada y técnica para revisar estos casos.
Este cambio implica que los recursos de amparo contra decisiones presidenciales no pasarán por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, sino por jueces del circuito. Para muchos expertos, este ajuste reduce el filtro jurídico sobre el poder Ejecutivo y abre la puerta a fallos sin un criterio unificado, lo que podría afectar la coherencia institucional.
Juristas y opositores advierten un debilitamiento del control judicial
Senadores de la oposición, exministros y constitucionalistas coincidieron en que la medida representa un retroceso en el sistema de pesos y contrapesos. Desde el Congreso, la senadora Paloma Valencia acusó al Gobierno de debilitar el Estado de derecho, mientras que la senadora María Fernanda Cabal anunció una demanda contra el decreto por considerarlo inconstitucional.
El abogado Francisco Bernate advirtió que el cambio, aunque legal, es inconveniente, ya que expone a jueces locales a decisiones de alto perfil político. A su vez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz criticó que se reemplace al Consejo de Estado, un órgano con experiencia y jurisprudencia consolidada, por jueces con menor rango que podrían emitir fallos contradictorios y fragmentados.