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El presidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia política al confirmar que convocará una consulta popular por decreto, a pesar de que el Senado de la República rechazó el proyecto.
La consulta, que incluiría preguntas clave sobre la reforma laboral, fue hundida por el Legislativo en medio de un proceso que, según el presidente, estuvo viciado por supuestas irregularidades, entre ellas la imposibilidad de que tres senadores emitieran su voto.
Petro argumentó que el Congreso ni aprobó ni rechazó formalmente la propuesta, ya que la mesa directiva del Senado no presentó el concepto que correspondía. Por eso, defendió su decisión de seguir adelante y dejar la última palabra en manos del pueblo colombiano.
El cruce con de Gustavo Petro con Carlos Galán
El anuncio provocó una dura reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien acusó al presidente de romper con la institucionalidad y pasar por encima de la separación de poderes. Galán calificó el decreto presidencial como un "quiebre institucional" y advirtió que se trata de una amenaza directa al Estado de derecho.

En su opinión, el Gobierno debería recurrir a mecanismos judiciales si no está de acuerdo con la votación del Senado, y no imponer una decisión por decreto. "Todos los que defendemos la democracia debemos rechazar esta violación a la Constitución", afirmó Galán en redes sociales, uniéndose a otras voces críticas como las de congresistas de oposición y gremios como Fenalco.
Petro desafía a las instituciones y ratifica su decisión
En su alocución del 3 de junio, el presidente Petro ratificó que firmará el decreto "esta semana", y que la consulta popular incluirá las 12 preguntas originales sobre la reforma laboral, dejando de lado las cuatro nuevas relacionadas con la salud.
Para el mandatario, el pueblo tiene el derecho soberano a pronunciarse directamente, sin intermediarios, especialmente cuando considera que sus representantes no han actuado con transparencia.
En un mensaje directo a Galán, Petro recordó que "el pueblo es dueño del poder público en Colombia. Dueño también de su alcaldía, Galán, y de mi presidencia", marcando un tono confrontativo que intensifica la tensión entre el Ejecutivo y los poderes locales.
Petro también anticipó posibles consecuencias por su decisión: "Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí", dijo. Sin embargo, insistió en que es el pueblo quien debe decidir el rumbo de las reformas estructurales, como la laboral, que han encontrado obstáculos en el Congreso.












