

La discusión sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro quedó temporalmente empantanada después de que la Corte Constitucional apartara a uno de sus magistrados por una recusación. Ese movimiento cambió la composición del pleno y obligó a convocar a un conjuez para garantizar una decisión con número impar de votos.
El retiro del magistrado activo se produjo tras cuestionamientos sobre vínculos previos con una entidad pública relacionada con la materia en debate, lo que llevó a sus colegas a aceptar la recusación y a suspender su participación en el caso. El efecto inmediato fue la redistribución del poder dentro del tribunal y la necesidad de incorporar a un juez suplente para desempatar la votación.

Pablo Márquez y su papel decisivo
El conjuez designado, Pablo Márquez, llega con el mandato de completar la pluralidad de votos necesaria para que la Corte resuelva sobre la constitucionalidad del texto legislativo. Su incorporación tiene carácter temporal y su voto puede inclinar la balanza en un asunto que toca el núcleo de la política social del Ejecutivo.
Márquez es un jurista con trayectoria en la rama constitucional y experiencia en asesorías judiciales que ahora se enfrenta a una deliberación de alto voltaje político. Su hoja de vida y sus criterios técnicos serán escrutados por partidos, académicos y sectores sociales por el impacto que su postura pueda tener en la vida de millones de colombianos.
Qué está en juego en la Corte
La Corte debe decidir primero si la segunda votación en la Cámara superó los vicios de trámite que se invocaron y, en su caso, si cada artículo del proyecto respeta la Carta. El fallo tendrá consecuencias presupuestales y estructurales: define si se crea un sistema de pilares y un pilar solidario que garantizaría ingresos mínimos para adultos mayores en situación de pobreza.
El cambio en la integración del tribunal alteró la correlación de fuerzas: el bloque que apoyaba la reforma perdió un voto y, ante la ausencia del magistrado recusado, la decisión quedó en manos de los restantes integrantes más el conjuez elegido.
Reacciones políticas y próximos pasos
El anuncio encendió la polémica política: el Ejecutivo cuestionó el proceso y llamó a defender la iniciativa social, mientras opositores destacaron la necesidad de escrutinio y legalidad en el trámite. La Corte, en tanto, procedió a suspender términos procesales mientras completa las actuaciones.
En las próximas semanas la sala plena retomará los debates, analizará pruebas de procedimiento y evaluará la constitucionalidad artículo por artículo. El voto de Pablo Márquez será clave para definir si la reforma avanza, se modifica o queda archivada por problemas de forma y fondo.











