Escándalo en Colombia por cartel de profesores: cientos de maestros con títulos falsos

Bogotá enfrenta un nuevo escándalo de corrupción que involucra a cientos de docentes de colegios públicos que habrían utilizado títulos falsos para acceder a sus cargos y obtener ascensos salariales. La Procuraduría General de la Nación investiga este entramado, que podría afectar a más de 400 profesores y causar un millonario detrimento económico para la ciudad.

Las autoridades ya han iniciado procesos disciplinarios y penales contra los responsable. Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad educativa y promete fuertes sanciones para quienes resulten involucrados.

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Escándalo en Bogotá por el cartel de docentes con títulos falsos

La Procuraduría General de la Nación destapó un esquema de corrupción en el que cientos de profesores de colegios públicos en Bogotá han trabajado y ascendido utilizando títulos falsos. Hay 40 investigaciones abiertas, se tomaron medidas disciplinarias contra al menos 126 docentes y se sospecha que más de 400 docentes podrían estar involucrados.

Las irregularidades fueron detectadas por errores en los documentos, como fallas en la tipografía, y verificadas al notar la ausencia de los docentes en los registros de las universidades que supuestamente emitieron los títulos. Según verificó el sitio web Semana, las personas pagaban 100,000 pesos por un diploma de pregrado falsificado.

Confesiones y castigos: la escandalosa trama de los docentes falsos en Bogotá

Uno de los casos más llamativos es el de un profesor de educación física que decía haberse graduado de la Universidad Industrial de Santander UIS. El hombre confesó haber falsificado su diploma debido a la falta de empleo y dificultades económicas: "El hecho de no tener una estabilidad económica, un trabajo y una afiliación a salud me llevaron a un estado de estrés, desesperación e impotencia y, por ende, a cometer este tipo de falta".

La Procuraduría advirtió que estas acciones constituyen faltas gravísimas que podrían llevar a la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, además de posibles procesos penales. El caso también ha generado preocupación por el impacto económico, ya que los salarios pagados a estos docentes representan un hueco presupuestal.